l inicio del nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, aparece otra vez la discusión sobre la reforma laboral. El gobierno federal está convencido de la necesidad de un cambio de estrategia ante la evidencia de que su proyecto, aun cuando esté avalado por los legisladores panistas, no obtendría los votos necesarios para ser aprobado y recibiría el rechazo generalizado del resto de los partidos.

En este nuevo intento, el gobierno ha revisado sus prioridades, y con objeto de convencer al sector obrero priísta resolvió dejar a un lado la llamada agenda sindical, que incluye: el voto secreto en elecciones y las obligaciones en materia de transparencia, entre otros temas que el sector obrero de corte corporativo considera lesivos a su permanencia.

El gobierno ahora insistirá en la llamada agenda de la flexibilidad, la cual incluye rubros como contratación temporal, facilidades a la subcontratación, limitación a los salarios caídos en los juicios con cargo a los trabajadores y reducción en las obligaciones patronales en materia de capacitación y en cuestiones procesales que le preocupan. No está claro si insistirá en imponer obstáculos al derecho de huelga y al cambio de la titularidad contractual por medio de los llamados requisitos de procedibilidad, que no son más que medios para consolidar la práctica empresarial para imponer en su centro de trabajo el sindicato de su preferencia.

Por otro lado, las centrales obreras han iniciado la formulación de sus propios proyectos de reforma. Isaías González, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la segunda organización sindical en el país en número de afiliados, ha dado a conocer una primera propuesta con temas que cabe destacar: el regular la subcontratación mediante un registro obligatorio de las empresas que la practiquen, subsistiendo el principio de que será responsable en la relación laboral aquél que se beneficie del servicio prestado por los trabajadores; seguro de desempleo por la vía del Instituto Mexicano del Seguro Social (coincidiendo en este punto con la iniciativa perredista); nueva regulación en materia de salario mínimo, el cual garantice superar la inflación anual; registro automático de la toma de nota de las directivas sindicales en un plazo máximo de 30 días; en el caso de huelga, mediante un mecanismo especial, facilitar la conciliación cuando ésta supere los treinta días. En materia de juicios, éstos tendrán una duración máxima de dos años, no se castiga a los trabajadores en caso de retraso. Sin embargo, no incluye las propuestas más lesivas del sector patronal y tampoco aquellas que el sindicalismo democrático ha reclamado para lograr una auténtica modernización en el mundo laboral.

Varios organismos de carácter especializado y de la sociedad civil se han interesado recientemente en identificar cuáles serían los puntos básicos en los que podría existir un acuerdo de cambio laboral. Destacan en este sentido los actos convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y el próximo congreso internacional que organiza la AMEDIRH, organismo que agrupa a la mayoría de los ejecutivos en el área de recursos humanos del país, el cual es dirigido por Pedro Borda. En este acto, está confirmada la asistencia de más de 5 mil participantes, lo que exhibe el gran interés de reflexionar sobre los temas del mundo del trabajo en este sector. En una de sus mesas se discutirá el tema de la reforma laboral en México.

Con base en lo anterior, es oportuno retomar los cinco temas que nos parecen prioritarios en esta materia:

1. Productividad concertada. Debe favorecerse el uso racional de los recursos humanos para lograr mayor competitividad y mejores salarios. El punto es avanzar por medio de la negociación colectiva y no mediante medidas unilaterales que sólo producen mayor precariedad. Para lograrlo, es fundamental rescatar la contratación colectiva de la simulación y corrupción que la agobian; obviamente, se trata de crear condiciones para que los actores que participen de manera informada y responsable en el diálogo productivo, por sector, rama de actividad y región del país, sean legítimos y, por ende, producto de la libre elección de los trabajadores y, en su caso, también de los patrones cuando se trata de dicha representación.

2. Garantizar que los juicios laborales se desahoguen en periodos cortos, máximo de un año. Actualmente la duración promedio es de cuatro, lo que lesiona tanto a los trabajadores como a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas. Obviamente, no se trata de que los trabajadores paguen el costo de la tardanza, sino que el Estado genere las condiciones, para lograr una justicia pronta y expedita, como señala nuestra Carta Magna.

3. Autoridad autónoma e imparcial en materia colectiva. Un elemento esencial en la actuación de cualquier juez es la imparcialidad, principio universalmente reconocido. Sin embargo, en nuestro país los procesos colectivos, como los registros de los sindicatos, tomas de nota o cambios en la contratación colectiva, no están sujetos a este tipo de autoridades, sino a instancias dependientes del Poder Ejecutivo federal o local, o a órganos tripartitos que por su misma integración actúan como juez y parte.

4. Incluir medidas que favorezcan el empleo formal. La protección universal para reducir costos de contratación y favorecer el desarrollo. En este tema hay tres aspectos importantes a considerar: el seguro de desempleo, avanzar en el logro de la seguridad social universal y mejorar el salario mínimo.

5. La discusión sobre el tema laboral debe incluir otras visiones y actores, además de las representaciones de los llamados factores de la producción. Conviene considerar la experiencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha colaborado en otros países de manera exitosa. También a la academia y a los especialistas, quem como observamos, tienen muchas propuestas que buscan ser escuchadas.