Amnistía Internacional y la Red Fronteriza por los Derechos Humanos de los Migrantes señalaron las omisiones en que ha incurrido el gobierno mexicano en torno a las violaciones de garantías fundamentales que padecen las personas que ingresan al país sin documentos, así como la necesidad de que se realicen las modificaciones legales necesarias en la materia.

Aunque el tema no es nuevo, durante mucho tiempo ha sido invisibilizado por las autoridades, y aún es más grave la participación activa de elementos de seguridad de los diferentes niveles en los atropellos que se cometen contra los indocumentados, señaló Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional sección México.

En tanto, Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos señaló que el gobierno de Felipe Calderón perdió autoridad moral para ir a Estados Unidos a exigir respeto a las garantías de los connacionales que migran a aquel país, porque los opositores estadunidenses a una reforma en la materia señalan inmediatamente las violaciones que se cometen aquí.

Durante su participación en el foro de debate Propuestas para una política migratoria mexicana, realizado en la Universidad Iberoamericana, el representante de Amnistía Internacional en México señaló que la matanza de 72 inmigrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, es sólo la punta del iceberg de un fenómeno mucho mayor, en el que la delincuencia organizada y las autoridades suelen ser cómplices.

El Estado tiene responsabilidad en esta realidad de violencia escalofriante, que según cálculos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deja por lo menos 10 mil víctimas al año, y no ha querido asumirla, dijo.

Por su parte, Juan Carlos Calleros, asesor del Instituto Nacional de Migración, comentó que se están considerando algunas propuestas legislativas para modificar la Ley General de Población –que data de 1974– y adecuarla a las normas internacionales.

Las iniciativas, que fueron entregadas tiemó atrás al Congreso de la Unión, buscan hacer más eficiente el manejo por las autoridades mexicanas sobre los flujos migratorios que pasan por el país, para combatir la trata de personas, identificar a los residentes temporales y evitar las agresiones a indocumentados, dijo.

En tanto, en conferencia de prensa, Fernando García exhortó al gobierno a demostrar que realmente tiene interés en solucionar los problemas que viven los mexicanos en Estados Unidos, mediante una reforma local como la que pide que haga aquel país.

Dijo que el reciente asesinato de 72 centroamericanos evidenció el problema que viven las personas que ingresan a México de manera ilegal, porque al no existir una normatividad que defina los ámbitos de responsabilidad de las autoridades, resulta que tanto los policías municipales, estatales y federales, como el Ejército y el INM cometen abusos contra los mismos.

En estas condiciones –dijo García–, lejos de beneficiarnos, la presencia de Felipe Calderón en Estados Unidos nos perjudica por el desinterés que ha tenido durante años respecto al problemá de los centroamericanos que ingresan por el sureste de la República Mexicana y sufren todo tipo de atropellos a sus garantías fundamentales.