n lo que va de este año varios hechos que provienen del valle de San Quintín sacuden nuestras conciencias. Por un lado, a inicios de año el accidente de un autobús en la carretera de La Rumorosa con destino a Villa de Juárez, Sinaloa, donde fallecieron 16 personas entre niños, niñas, mujeres y hombres, y con igual número de heridos, todos jornaleros agrícolas y en su mayoría indígenas; la desesperación de miles de familias indígenas jornaleras al verse sin alimentos e ingresos debido a los desastres ocasionados por las tormentas que azotaron los principales poblados de la región de San Quintín, y hace dos días, de nueva cuenta otro accidente de carretera a la altura de Punta Colonet, de un camión que transportaba jornaleros que laboran en la Empresa Agrícola Vicente Camalu, propiedad de la familia García, y que provocó la muerte de una persona y 10 lesionados de gravedad.

Es imperdonable que después de lo ocurrido en el accidente de La Rumorosa y de escuchar declaraciones de parte de los funcionarios federales, estatales y municipales de hacer una revisión profunda del marco jurídico del transporte, de la seguridad social, del respeto a los derechos laborales, nos enteremos de que poco o nada se ha hecho para prevenir y para solventar las consecuencias de este tipo de accidentes.

Este último percance implica que la Empresa Agrícola Vicente Camalu contrata el servicio de transporte de un autobús cuyos documentos no tienen nada que ver con la transportación de trabajadores, que para cubrir las apariencias el camión se pintó del mismo color que una línea de transporte autorizada, que de nueva cuenta, la situación de los heridos en términos de su atención vuelve a indicarnos las maniobras patronales para no afiliar a sus trabajadores al régimen ordinario del Seguro Social y que los recursos en derecho a favor del trabajador difícilmente son reclamados, por ignorancia de los mismos trabajadores, y que el sindicato con el cual está firmado el convenio laboral su papel nominalmente es de extorsión para ambas partes, a unos les impone el contrato con la dádiva de proteger a la empresa y de tener todo en calma, y a los otros simplemente la posibilidad de trabajar para mantener a sus familias sin el recurso de exigir ningún derecho.

¿Qué relevancia tiene el valle de San Quintín? Este valle, del municipio de Ensenada, Baja California, se ubica a 200 kilómetros al sur de la cabecera municipal. La región destaca por estar entre los primeros lugares a escala nacional en producción de hortalizas para exportación. Cuenta con más de 20 mil hectáreas de riego, con tecnología de punta, que le permiten aprovechar al máximo el recurso del agua; cuenta además con la modernización de sus procesos productivos, semillas mejoradas, fertirrigación, invernaderos computarizados y empacadoras que garantizan calidad y presentación de los productos. Los niveles de productividad impactan en altos rendimientos que lo llevan a competir en el mercado mundial de las hortalizas en cultivos como tomate, pepino, calabaza, coliflor, brócoli, y en los últimos años, la producción de fresa. Su cercanía con la frontera de Estados Unidos y los costos de mano de obra son dos condiciones que hacen que las empresas agroexportadoras de San Quintín sean altamente competitivas en el mercado mundial.

El despegue de la región obedece principalmente a la presencia de miles de jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes indígenas, quienes provienen desde hace más de cuatro décadas del sur y sureste del país, siendo Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz los estados con mayor oferta de mano de obra agrícola: mixtecos, zapotecos, triquis y nahuas son los grupos indígenas que en mayor proporción viajan a Baja California, dando trabajo, riqueza y desarrollo a la región.

Las comunidades de origen de las y los jornaleros agrícolas se caracterizan por ser de alta y muy alta marginación debido a la escasez de fuentes de trabajo, por lo que la migración hacia las zonas agrícolas del noroeste resulta una atractiva estrategia de sobrevivencia. Durante la temporada alta de las cosechas se llega a contar con la presencia de hasta 40 mil trabajadores y trabajadoras jornaleros migrantes.

La migración en un principio era mayoritariamente de hombres solos, quienes eran los que por tradición proveían el sustento familiar, pero por necesidades económicas se convirtió en nuclear, por lo que actualmente familias enteras emigran.

Hoy existen 14 empresas agrícolas en la región con alrededor de 20 campamentos en donde se albergan las familias de los jornaleros por temporada. Asimismo, existen 43 asentamientos en colonias de familias de jornaleros con una población de más de 30 mil pobladores, que representan la mano de obra cautiva. Del total, 45 por ciento son mujeres y con 10 por ciento de mano de obra infantil, en donde más de 65 por ciento habla una lengua indígena. Cerca de 45 por ciento de la mano de obra jornalera percibe un ingreso de menos de dos salarios mínimos. Actualmente y por motivo de la crisis recesiva, el mercado de hortalizas se contrajo, por lo que en esta época de temporada sólo están laborando un promedio de cuatro días, afectando seriamente el ingreso familiar, por lo que se incrementa la necesidad de que más miembros de la familia se incorporen al trabajo agrícola.

La situación de la mujer jornalera y el de la mujer miembro del hogar refleja altos niveles de exclusión y discriminación, se acentúa el nivel de analfabetismo y los niveles de violencia familiar tanto sicológica como física, económica y comunitaria.

A escala regional el avance en infraestructura social sigue siendo insuficiente en los servicios educativos y de salud.

No hay justificación alguna para postergar la atención que los jornaleros de San Quintín y sus familias demandan. El Congreso de la Unión y los tres órdenes de gobierno están emplazados a brindar una atención integral a esta problemática, antes de que se presente una situación de mayor explosividad social.