Por vez primera, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad una ley.

Por unanimidad, expulsó del orden jurídico la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, promulgada el 11 de febrero de 2010, por considerar que la Asamblea Legislativa capitalina invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión.

El máximo tribunal determinó la derogación de la norma, que surtirá efecto dentro de 120 días, y que los actos celebrados al amparo de la legislación derogada quedan firmes. Lo anterior, para que las autoridades capitalinas tengan tiempo de realizar los cambios legales y administrativos necesarios y, a partir de ese plazo, deje de aplicarse dicha norma.

El ministro José Fernando Franco González Salas explicó que la decisión de la Corte, que implica también derogar el reglamento de la ley citada, no significa que la procuraduría capitalina quede sin legislación que reglamente su actuar, porque quedará firme la legislación y el reglamento vigentes antes de la reforma impugnada.

Sin discusión, el pleno validó el proyecto de Franco, quien propuso que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sólo puede legislar en aquello que le está expresamente conferido en la Constitución y que en el caso no es así, y según el artículo 122, legislar en la materia corresponde al Congreso de la Unión.

La decisión de los ministros se dio al analizar la controversia constitucional que presentó la Cámara de Senadores en contra de las autoridades capitalinas por la aprobación y promulgación de la ley referida.

Al concluir la discusión, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, destacó que este asunto –que no llevó más de media hora de discusión– es quizá de los más trascendentes que hayamos dictado en cuanto a la expulsión total de una ley emitida por un órgano legislativo local.

La legislación derogada consideraba la creación del Instituto de Formación Profesional y el Consejo de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia capitalina, y la modificación del nombre de policía judicial por el de policía investigadora.

Según los diputados capitalinos, con esta legislación se pretendía reformar integralmente a la procuraduría con la profesionalización de sus servidores públicos y mecanismos para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, exámenes antidopaje a funcionarios y policías, además de procedimientos para combatir la corrupción.