Guatemala, 7 de septiembre. Una organización indígena culpó hoy al gobierno de Guatemala y a una constructora privada por la muerte de 25 personas en la carretera Panamericana que fue sepultada por un alud de tierra a causa de las intensas lluvias del fin de semana, al considerar que la vía no cumplía con las normas de construcción.

La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej manifestó que los responsables no respetaron los estándares y normas establecidas pa- ra la construcción de caminos y no supervisaron esas actividades. Por eso, pidió al gobierno y al Ministerio Público una investigación y planteó revocar los contractos de la empresa constructora.

Por lo pronto, las autoridades guatemaltecas concluyeron anoche la búsqueda de las personas que siguen desaparecidas por los dos aludes que el sábado sepultaron varios vehículos sobre la Panamericana, a la altura del departamento de Sololá.

Las autoridades sólo pudieron recobrar los cuerpos de 25 de personas que quedaron sepultadas entre el barro, mientras unas 15 fueron dadas como desparecidas, y no fueron incluidas en el balance total de 45 muertos que dejaron las lluvias y deslizamientos de tierra del fin de semana en todo el país.

Por ahora se mantendrán esos 15 como desparecidos, dijo la estatal Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred).

Fuentes oficiales en Sololá dijeron que la búsqueda de cuerpos concluyó el lunes después de que se encontró otro cadáver, y porque ya no hubo más reclamos de pobladores por familiares desaparecidos.

En las últimas horas, la humedad acumulada en los cerros y la crecida de los ríos, además de nuevas lluvias, provocaron más derrumbes, deslizamientos e inundaciones en varias carreteras del país, lo que provocó destrozos e interrupción del tránsito, pero sin pérdida de vidas.

El presidente Álvaro Colom declaró tres días de duelo nacional y la suspensión de las festividades por el aniversario de la independencia, que se celebra el 15 de septiembre, al tiempo que prolongó el estado de calamidad pública en todo el país, vigente desde mayo a causa de los estragos provocados por la tormenta Agatha, que dejó 164 muertos.