Durango, Dgo., 27 de agosto. Informes de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron que el jueves pasado fueron localizados dos cadáveres en la carretera San Fernando-Méndez, entre ellos el del agente del Ministerio Público del fuero común Roberto Javier Suárez Vázquez, quien se hizo cargo inicialmente de la investigación sobre los 72 migrantes de Centro y Sudamérica asesinados por integrantes del cártel de Los Zetas.

Hasta el momento los trabajos de identificación han permitido establecer la nacionalidad de 31 personas: 14 hondureños, 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño, de acuerdo con reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas.

Información obtenida de funcionarios federales cercanos a la investigación de lo sucedido en Tamaulipas señala que los migrantes partieron el sábado 21 de agosto de Veracruz con la intención de pernoctar en algún municipio tamaulipeco para luego cruzar hacia Estados Unidos.

Iban en dos camiones de redilas cubiertos con lonas, y cuando llegaron a la entrada del municipio de San Fernando fueron interceptados por grupos de sujetos armados que los condujeron a una construcción.

El infierno

El mismo día 21, a decir de los entrevistados, los migrantes, 14 mujeres y 58 hombres, habrían sido interrogados con el fin de que proporcionaran información de sus parientes en Estados Unidos, y tras obtener respuestas negativas para la entrega de dinero a cambio de su libertad, fueron golpeados.

Ese día también comenzaron los ofrecimientos de ingreso al cártel de Los Zetas, aunque no está claro para qué los querían, pero las declaraciones del testigo, el único sobreviviente de la masacre, es lo que refieren, indicaron las fuentes.

Los migrantes fueron maniatados y les vendaron los ojos. Así permanecieron en una finca cuya ubicación aún se desconoce, y, según las versiones recogidas por autoridades de Tamaulipas y federales, el día 22 sus captores los sacaron de ese lugar, los subieron a camionetas y los trasladaron a otro sitio.

Aún no se han establecido las horas en que ocurrieron el traslado y la masacre. Sin embargo, “se ha considerado que fueron ejecutados entre domingo y lunes, luego de que se negaron a formar parte de esa organización criminal”, dijeron los entrevistados.

Los migrantes fueron llevados al rancho que se localiza en el ejido El Huizachal, a 22 kilómetros de la cabecera municipal de San Fernando.

Allí los colocaron en fila y boca abajo en una especie de bodegón, cuyo techo está semidestruido, y los ejecutaron con disparos a quemarropa, mencionaron las fuentes.

Sólo uno del grupo de migrantes sobrevivió. Esperó hasta que sus captores los dieron por muertos. Herido en el pecho y el cuello logró escapar del rancho. Recorrió al menos 15 kilómetros antes de encontrar a un grupo de marinos, a los que solicitó ayuda médica.

El día 23 ocurrieron enfrentamientos entre marinos y sicarios, luego de los cuales se logró la detención de un hombre que inicialmente se dijo era menor de edad, y que hoy, de acuerdo con estudios periciales, se sabe que es adulto. Éste se encuentra en calidad de detenido.

El descubrimiento de los cadáveres se realizó por efectivos de la Secretaría de Marina el 24 de agosto. Ese día, Roberto Javier Suárez Vázquez, agente del Ministerio Público de la PGJE de Tamaulipas, inició la averiguación previa del fuero común.

El miércoles 25 el funcionario de la PGJE fue levantado, y su desaparición trascendió el jueves, cuando comenzaron a correr versiones de que había sido ejecutado y decapitado.

El jueves 26, la delegación de la PGR en Tamaulipas fue notificada por efectivos de la Armada del hallazgo de dos cadáveres a la orilla de la carretera San Fernando-Méndez, por lo que se inició el acta circunstanciada AC/ PGR/TAMPS/423/2010.

De acuerdo con el informe oficial, al identificar el cuerpo corroboraron que se trata del licenciado Roberto Javier Suárez Vázquez, y otra persona que no ha sido identificada. Podría tratarse de un comandante de la policía municipal de San Fernando.

Durante los trabajos para reconocer a los migrantes asesinados, las autoridades de Tamaulipas –con la colaboración de representantes diplomáticos– establecieron que 14 son originarios de Honduras, 12 de El Salvador, cuatro de Guatemala y uno de Brasil. Falta conocer la identidad de 41.

Los cuerpos fueron trasladados en camiones con cajas refrigerantes de San Fernando a Reynosa, donde peritos federales y locales realizan los procesos de identificación.

Por la noche circularon versiones de que el procurador estatal, Jaime Rodríguez Inurrigarro, fue levantado por presuntos criminales en Ciudad Victoria.

Consultado por La Jornada, el vocero del gobierno estatal, Mario Ruiz, negó la especie; sin embargo, en círculos políticos trascendió que la privación ilegal de la libertad del funcionario fue confirmada por un subsecretario de la administración encabezada por el priísta Eugenio Hernández Flores.