Al afirmar que hoy más que nunca es impostergable actuar y contar con instrumentos que permitan golpear a los criminales donde más les duele, en sus finanzas, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso una serie de iniciativas como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento del Terrorismo, que pretende cerrar el paso a la utilización de recursos que procedan de secuestros, de extorsiones, de tráfico de drogas o de cualquier otra manifestación criminal.

Calderón destacó que dentro de los graves problemas por los que atraviesa el país, el de la seguridad es una prioridad, por lo que es fundamental la coordinación entre poderes, “no sólo en propósitos, sino también en el cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales… Es un momento clave y es un momento de cerrar filas, es un momento de entender que el enemigo son los criminales”.

Desde el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, dijo que el crimen busca introducir sus ganancias a la economía formal entera, incluyendo al sistema financiero, particularmente por la laxitud que en el régimen mexicano se tiene en la regulación de una serie de actividades.

Vigilancia a casas de cambio y centros de juego o apuestas

Mencionó que la estrategia en materia de lavado de dinero, y el paquete de iniciativas que suscribió ayer, se articulan en torno a mejorar los mecanismos para que las autoridades consulten la información de la que disponen las instituciones financieras, para detectar eficazmente las operaciones de lavado y perfeccionar los mecanismos de coordinación y comunicación con las entidades federativas y con las autoridades extranjeras.

Vamos a poner mayor orden tanto en las casas de cambio como otros agentes financieros; se amplía el universo de sujetos obligados a reportar operaciones sensibles, de manera que los centros de juego y apuestas, los emisores de tarjetas no bancarias, las empresas de blindaje, los joyeros, fedatarios públicos, abogados, contadores, las agencias inmobiliarias, entre otros actores, contribuyan también a este propósito.

Por ejemplo, hoy puede comprarse en efectivo un inmueble, así cueste dos o tres millones de dólares, o 20 o 30 millones de pesos. De aprobarlo el Congreso, quedará prohibida la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo, sea en moneda nacional, sea en divisas extranjeras, sea en metales preciosos. Las operaciones que se realicen en contravención a esta disposición serán sancionadas con prisión de cinco a 15 años.

Los fedatarios estarán obligados a constatar el pago de las transacciones que fedaten, a través de toda forma que sea susceptible de ser identificada en la licitud de la operación. También quedará prohibido el pago en efectivo para adquirir bienes como automóviles, aviones, barcos, joyería de mayor valor a 100 mil pesos, para adquirir masivamente boletos de apuestas o sorteos o para la transmisión de títulos accionarios. Estas operaciones podrán realizarse mediante vías de pago distintas al efectivo.

Con el fin de impedir el ingreso de dinero ilícito al país, se busca mejorar el uso de información de inteligencia al supervisar operaciones concretas de transacciones internacionales, entre las aduanas y las autoridades, para verificar si quienes declaran importantes cantidades de dinero están sujetos a alguna investigación, fortalecer los mecanismos para la detección de efectivo en los puertos de entrada y de salida, así como en las vías de comunicación del país y vigilar con mayor atención las operaciones de comercio exterior que pudieran implicar la utilización de recursos de procedencia ilícita.

Finalmente, se aplicará una metodología que mida la efectividad de las autoridades, con el fin de que la sociedad conozca los resultados de la estrategia contra el lavado de dinero. En su discurso, Felipe Calderón señaló que con dichas medidas se busca ampliar la capacidad del Estado para restringir la circulación de dinero ilícito.

En su intervención, Ernesto Cordero Arroyo, titular de Hacienda y Crédito Público, explicó que las dos metas esenciales de esta estrategia son impedir que las organizaciones criminales dispongan de sus ganancias y judicializar oportuna y efectivamente casos de lavado de dinero.

Por su parte, Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, habló de las adecuaciones legales para el combate y persecución de lavado de dinero, que constituye el eslabón fundamental de una cadena de delitos graves como el homicidio, el secuestro, la trata de personas, las extorsiones y el narcotráfico.

Se considera crear nuevos tipos penales para profesionistas que apoyen la presentación de informes falsos o erróneos en los reportes que deben de rendir las instituciones financieras; para el aliento a realizar actividades ilícitas financiadas con dinero lícito; llevar a cabo operaciones que se realizan con el fin de burlar los controles del sistema financiero; el que alguien preste su nombre o la denominación social de alguna empresa para registrar o titular bienes; también aportar documentos falsos o alterados para evitar que una persona porte su identidad cuando esté obligada a hacerlo ante las instituciones financieras.

Se fortalece el delito de encubrimiento y se proponen reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para crear nuevas herramientas para el combate a esa modalidad de actividades delictivas. Entre ellas destacan las entregas vigiladas y las operaciones encubiertas, incluyendo la apertura de cuentas en instituciones financieras.