El gobierno mexicano desconoce el número de migrantes secuestrados durante su paso por el país, a pesar del compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de proteger las garantías de aquellas personas que ingresan a territorio nacional, en particular de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el informe que rindió en julio pasado el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, ante la CIDH, sobre secuestro de migrantes, el actual vocero del gabinete de seguridad aceptó que la elaboración de dicho reporte, ya sea entre las dependencias e instancias federales o entre las estatales, evidenció no sólo la falta de sistematización de la información, sino también el subrregistro de casos de secuestro contra migrantes.

Esto, debido a que las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes indocumentados en tránsito inhiben la denuncia.

El documento señala que el gobierno federal tiene registrados, de enero de 2008 a abril de 2010, 141 casos de secuestro de migrantes, que afectaron a 393 personas y arrojaron un saldo de 36 detenidos, 33 consignaciones y sólo dos sentencias.

En cambio, la CNDH reportó que sólo de enero de 2008 a febrero de 2009, ocurrieron secuestros que afectaron a unos 9 mil 758 migrantes indocumentados.

En cuanto a otras instancias federales que tienen que ver con este problema, el informe indica que el Instituto Nacional de Migración reportó, de enero de 2008 a abril de 2010, 92 casos de personas que dijeron haber sufrido un secuestro.

Mientras, la unidad especializada en investigación de secuestros, que agrupa a las procuradurías de justicia de las 32 entidades, sólo inició tres indagatorias relacionadas con el tema, las cuales siguen en trámite.

La Secretaría de Seguridad Pública federal tenía registrado, hasta julio pasado, un solo operativo sobre migrantes secuestrados, durante el cual fueron liberadas 29 personas de diversas nacionalidades en Reynosa, Tamaulipas, el 11 de diciembre de 2009.

En cambio, en el mismo periodo la Secretaría de la Defensa Nacional ha realizado 16 operativos en distintas entidades, en los que fueron liberadas 486 víctimas y hubo 53 detenidos.

El gobierno mexicano oficializó su postura sobre la problemática y reconoció que el secuestro y la muerte son de los riesgos más severos y recientes que enfrentan los migrantes indocumentados.

Señaló que si no hay posibilidad de cobrar rescate, los secuestrados pueden ser obligados a pagarlo ayudando a plagiar a otras personas, a realizar alguna actividad de apoyo en el cuidado de los secuestrados, a engrosar la fila de los secuestradores, o incluso corren el riesgo de ser asesinados por sus plagiarios.

Agregó que las cadenas delictivas utilizan la innovación tecnológica y la extensión de redes financieras, en particular de las que envían y reciben remesas, que sirven de mecanismos para el pago de rescates de los migrantes secuestrados.

Los albergues humanitarios, señaló, están expuestos, a su vez, a la infiltración del crimen organizado, acciones que “dañan a los migrantes y al tejido social local.

Miles de personas están involucradas con el proceso de tránsito de migrantes: algunas con actos solidarios que buscan aminorar los riesgos de su camino, otras que preteden abusar de ellos y sacar provecho de su paso, razones por las cuales se requiere atacar de manera urgente a los que delinquen contra los migrantes.

El gobierno mexicano asumió ante el organismo interamericano los compromisos de elaborar una estrategia integral, que incluya a gobierno y sociedad civil, para atacar los delitos contra estas víctimas actualmente invisibles, y de proteger de forma efectiva a los migrantes durante su paso por territorio nacional.