Santiago, 26 de agosto. La familia de uno de los 33 mineros atrapados desde hace 21 días presentó este jueves la primera demanda contra el estatal Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y los dueños de la mina San José, ubicada en el desierto de Atacama, Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, cuyos bienes fueron congelados para garantizar eventuales indemnizaciones.

Pero más allá del dramático problema de estos trabajadores, el presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera, enfrentaba hoy una serie de movilizaciones de empleados públicos, grupos mapuches y estudiantes, varios de los cuales fueron detenidos tras ser reprimidos por la policía militarizada de Carabineros.

El abogado Remberto Valdés, quien representa a la familia del minero Raúl Bustos, dijo que la demanda presentada contra el Sernageomin y los propietarios de la mina es por el delito de prevaricación, buscando la sanción penal por haber obtenido irregularmente la autorización para el ejercicio de las faenas y así dejar atrapados a los 33 mineros.

Carolina Narváez, la esposa de Bustos, dijo que su interés no está centrado en la recompensa monetaria, sino en las personas responsables. No solamente en los dueños de la minera, sino en la gente que no hizo (bien) su trabajo de fiscalizar, aseguró.

El juzgado de letras de la norteña ciudad de Copiapó, donde se ubica la mina San José, ordenó retener para futuras indemnizaciones un millón 800 mil dólares que la empresa San Esteban –propietaria del yacimiento donde se encuentran atrapados los trabajadores– debía recibir del Estado chileno por la venta de cobre, informó una fuente judicial.

El tribunal acogió así la petición del abogado Edgardo Reinoso, quien representa a 23 de las 33 familias de los mineros atrapados, como anticipo de una demanda de indemnización que ingresará en los próximos días contra los dueños de la compañía minera.

Una comisión del Congreso investiga ya las responsabilidades que pudiesen existir en el derrumbe, y en concreto la autorización otorgada por el Sernageomin a la reapertura de la mina en 2008, tras su cierre un año antes.

El ex directivo de esa entidad Ezequiel Yáñez adelantó ante legisladores que la mina San José no cumplía con las condiciones para el reinicio de las tareas.

Mientras, en el interior de la mina los trabajadores atrapados serán grabados con diminutas cámaras de alta definición para evaluar su estado de salud, en especial la condición de sus ojos.

La iniciativa es parte de un plan de alta tecnología en el que colaborará incluso la agencia espacial estadunidense, la NASA, para mantener en buenas condiciones a los mineros, cuyo rescate tardará unos cuatro meses.

El plan incluye el envío de alimentos similares a los que usan los astronautas de la Estación Espacial Internacional, oxígeno en spray y soporte sicológico.

Las autoridades de salud han manifestado su preocupación por los efectos sicológicos que tendrá para los mineros el prolongado encierro bajo toneladas de roca, entre los que hay jóvenes de 19 años, ex marinos mercantes y hasta un ex futbolista profesional.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que aún no se ha percibido en ellos un cambio de ánimo, pero subrayó que luego de la euforia producida por el rencuentro y el contacto del domingo, “lo más probable es que se presente un periodo de depresión, angustia y decaimiento, para lo cual se preparan fármacos, además del plan alimenticio, ocupacional y de ejercicios a que serán sometidos.

Los expertos indicaron que una vez que se termine de perforar el agujero de 66 centímetros de diámetro por el que saldrán los mineros, hasta completar los 700 metros de profundidad, el ascenso a la superficie de cada hombre llevará al menos 40 minutos.

El rescate demorará 34 horas, 12 de las cuales se consumirán en el desplazamiento de la camilla vertical en la que serán transportados. La operación final se hará después de las 19 horas locales del día D, para proteger los trabajadores de la luz solar.

Mientras tanto, el presidente Piñera enfrentaba el primer paro de 24 horas por unos 80 mil empleados públicos que se manifestaban contra el despido de 2 mil 500 funcionarios de planta.

La huelga, convocada por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, involucra a los empleados de todos los ministerios del Estado, a excepción de los que trabajan en el sector salud.

Los empleados fiscales, además, marcharon por el centro de esta capital, casi al mismo tiempo en que lo hicieron unos 3 mil estudiantes de secundaria y universitarios, en defensa del financiamiento de la educación pública y su desmunicipalización, y en demanda de una educación de calidad. La marcha culminó con la detención de varios estudiantes.

Por último, el mandatario derechista también enfrenta una huelga de hambre de un grupo de integrantes de la etnia mapuche, que se ha prolongado ya por 46 días, quienes protestan por el procesamiento de la justicia chilena mediante una ley antiterrorista que permite juicios dobles.