Brasilia, 26 de agosto. En medio de protestas de ambientalistas y organizaciones sociales, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, dio hoy un paso más hacia la construcción en la Amazonia de la polémica planta hidroeléctrica de Belo Monte, al firmar el contrato que autoriza el consorcio Norte Energía a comenzar la obra.

El contrato concede al grupo, integrado por 18 empresas y fondos de pensión y de inversiones, el derecho a explotar durante 35 años el potencial energético de la planta ubicada sobre el río Xingú, en el amazónico estado de Pará, cuya entrada en operación está prevista para 2015.

Según el Ministerio de Minas y Energía, la planta será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, y su construcción generará 20 mil empleos.

El gobierno aseguró además que el proyecto fue modificado con el objetivo de reducir su impacto ambiental, y que la construcción de la presa de la planta fue reducida en 60 por ciento, y no inundará áreas ocupadas por indígenas.

Sentencia de muerte

Pese a las aseveraciones oficiales, la firma de la concesión para la construcción de Belo Monte se realizó en medio a una protesta de un pequeño grupo de manifestantes que se reunieron frente al palacio presidencial de Planalto exhibiendo pancartas que llamaban a la planta Bello Mostruo.

Los manifestantes divulgaron una carta firmada por 56 entidades, representantes de indígenas, de movimientos sociales, de organizaciones ambientalistas y de la Iglesia, que sostiene que la obra representará una sentencia de muerte para el río Xingú y desplazará a miles de ciudadanos de sus casas.

En este acto son violados acuerdos internacionales como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención sobre Diversidad Biológica, sostiene el documento, que recuerda que la obra todavía es objeto de 15 demandas judiciales que cuestionan el permiso para su realización dado por el Ministerio de Medio Ambiente.

La planta de 11 mil 233 megavatios, cuyo costo estimado por el gobierno se ubica en 11 mil millones de dólares, es el principal proyecto del Programa de Aceleración del Crecimiento de Lula, pero enfrenta una dura oposición, principalmente de indígenas, que en abril pasado amenazaron con comenzar una guerra en caso de que el gobierno la erigiera.