Ixtapan de la Sal, Méx., 25 de agosto. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados definió que no le aprobará al gobierno de Felipe Calderón ni un peso más en el presupuesto de 2011, en referencia a lo que autorizó para el presente año, e inclusive sostuvo que analiza la posibilidad de bajar la tasa de algún impuesto, como el IVA.

No los acompañaremos en su intento por crear nuevos impuestos ni mucho menos para aumentar los existentes. Los recursos existen, están ahí. Lo que falta es imaginación, talento y voluntad para ejercerlos, dijo el coordinador de la mesa económica de la plenaria priísta, Óscar Levín.

En el segundo día de trabajos de su plenaria en este balneario mexiquense, la diputación priísta advirtió que presentará una iniciativa para sancionar los subejercicios del presupuesto y cuestionó la limitada, ineficiente, restrictiva e inoportuna política de gasto de la administración panista, que mantuvo la inercia y privilegió obstinadamente la búsqueda del equilibrio fiscal en un entorno recesivo.

Sostuvo que no puede avalar más impuestos, porque si bien la recaudación tributaria para este año se ubica por debajo de lo previsto, aun con los aumentos a las tasas del ISR a 30 por ciento y del IVA a 16, el gobierno de Felipe Calderón ha obtenido ingresos excedentes por 16 mil 442.2 millones de pesos de la renta petrolera.

De ese monto, sólo mil 270 millones están comprometidos para los fondos de estabilización, investigación y fiscalización, y el resto no tienen un destino específico y están disponibles para la compensación de otros ingresos y se manejan con discrecionalidad, indica el documento Situación económica de México, que circuló ayer entre los priístas.

Se pedirán explicaciones a Ernesto Cordero

Por lo anterior, no hay razón para que la Secretaría de Hacienda pretenda implementar alguna medida para incrementar las tasas impositivas en el paquete económico de 2011, señala el texto.

Levín anticipó que al inicio del periodo de sesiones, que arranca el primero de septiembre, se citará a comparecer al titular de Hacienda, Ernesto Cordero, para que explique qué ha hecho con los excedentes petroleros y explique el comportamiento deficiente de la recaudación fiscal.

En su discurso, leído en la mesa económica del Revolucionario Institucional, el también presidente del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados cuestionó la ineptitud de Hacienda en el mal desempeño de la recaudación del ISR, IETU e IDE, que representan 31 mil 377 millones de pesos menor a lo estimado.

Ello provocó que, a pesar del incremento en la captación de recursos fiscales por IVA e impuestos especiales a bebidas alcohólicas, cerveza y refrescos, tabacos labrados, juegos y sorteos, e importaciones y otros tributos, los ingresos tributarios no petroleros representan 4 mil 593.9 millones de pesos menos a lo estimado originalmente en la recaudación.

Aun así, detalla el reporte priísta, crecieron 12.1 por ciento real en relación con 2009. Mientras que, agrega, los ingresos no tributarios se ubicaron en 8 mil 649.9 millones de pesos menos por debajo de lo estimado, esto es, 13 por ciento debajo de la meta.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, dijo que si bien no se ha tomado una decisión sobre proponer una reducción de las tasas impositivas, el PRI presentará la iniciativa después de revisar el paquete económico del gobierno de Felipe Calderón. Si existen condiciones, y sin caer en populismo fiscal, lo consideraremos, declaró.

Mientras, en la mesa de justicia, el diputado mexiquense Humberto Benítez Treviño anticipó que presentará una iniciativa de reforma al artículo 25 del Código Penal Federal, para imponer en México la pena de cadena perpetua a secuestradores y violadores. Toda pena debe ser proporcional al delito y al bien jurídico afectado, por lo que corresponderá imponerla a los delitos de mayor gravedad, expresó.

También, el ex procurador de Justicia del estado de México presentará una propuesta para federalizar los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación.