o creo que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez estuviera pensando en que sus palabras iban a tomarse con naturalidad, como un ejercicio normal la libertad de expresión a la que todos tenemos derecho. Más parece –y de ahí el lenguaje soez empleado– que la intención suya era insultar, ofender, poner las cosas a un nivel tal que ni los ministros de la Corte ni el jefe de Gobierno pudieran reaccionar. Las furias lanzadas por el cardenal no lograron impedir que: a) se reconociera la constitucionalidad de las leyes sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo aprobadas en el DF, ni b) que el máximo tribunal votara a favor de que dichas parejas pudieran adoptar, asunto que en verdad escuece las fibras más profundas e intolerantes del pensamiento conservador y no sólo del eclesiástico. En otras palabras, sin argumentos, perdida la partida legal, el prelado se saltó la trancas del decoro para causar un daño moral a los destinatarios de sus dicterios, asumiendo la actitud levantisca que lo ha hecho singular entre los miembros de la curia. Pero esta vez le salió el tiro por la culata y se equivocó: la sociedad mexicana no es la que vive el cardenal en su laberinto de poder omnímodo, aunque los grupos más reaccionarios persisten en sus viejas obsesiones.

El episodio se suma a una larga cadena de ataques que tienen en la mira un objetivo central: doblegar al Estado laico hasta convertirlo en una institución funcional a los intereses de la Iglesia católica. Persiste el rechazo a la modernidad tal y como se expresa en la doctrina constitucional mexicana y, en especial, en la Carta Magna de 1917, aunque ya no se busque desconocer formalmente la separación de Iglesia y Estado, demonizando al laicismo, sino, más bien, reinterpretar el papel del catolicismo en la sociedad mexicana, garantizándole una suerte de hegemonía sobre la moral pública que, en definitiva, no se aleja demasiado de la vieja visión del Estado confesional, pero sí le impide articularse con las aspiraciones de la secularizada sociedad del siglo XXI. Ya no exigen que el catolicismo sea la religión de Estado, pero no aceptan que el laicismo deba proteger por igual las creencias de todos los ciudadanos, sin confundir la moral pública con los valores de una confesión en particular, por importante que sea el número de sus fieles seguidores. Quieren, por tanto, que el Estado promueva en los espacios educativos y garantice en los medios públicos la enseñanza de las religiones y, sin decirlo, convierta a tales instituciones, la Iglesia católica en especial, en una suerte de sujeto político no obligado a responder por sus actuaciones. Eso es lo que está en el fondo de los arrebatos del cardenal y en las fobias de otros ministros del culto que se han sumado para defender, según ellos, la libertad de expresión.

Por fortuna, esta vez hubo una respuesta clara y oportuna. Marcelo Ebrard, acusado torpemente de maicear a los ministros para obtener una resolución favorable sobre los temas en disputa, presentó una demanda por daño moral cuyo corolario, habida cuenta de que no habrá pruebas que aportar ni tampoco voluntad de pedir excusas, no podría ser otro que la imposición de una sanción tanto al cardenal Sandoval como al sacerdote Hugo Valdemar quien, no satisfecho con lanzar graves e indemostrables acusaciones (como esa de que el PRD y el jefe de Gobierno capitalino han causado al país un daño mayor que el narcotráfico) agita de nuevo la bandera de la persecución religiosa sin el mínimo respeto por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, cuyos artículos 14 y 29 han sido violados a ciencia y paciencia de las autoridades federales.

Sería de esperar que la Corte, una vez planteado por unanimidad su rechazo inicial a las infamantes declaraciones del jalisciense, fijara una postura esclarecedora, en consonancia con la gravedad y la dureza del ataque. Pero no es previsible que esto ocurra pronto. Y es que el tema tiene filos de los que pocos quieren hacerse cargo. Como el IFE que, no obstante los llamados de Valdemar y otros para no votar por el PRD, prefieren evitarse problemas aun cuando la intromisión en los asuntos electorales sea una clara violación a las normas.

Pero si estas abstenciones resultan sintomáticas, más grave aún, si cabe, resulta la lentitud de Gobernación para tomar el toro por los cuernos y someter al orden a los prelados más rijosos. En realidad, el gobierno prefiere dejar que el asunto se apague, dejando en el aire, y en la duda, la viabilidad de la histórica reforma en aspectos capitales como la incorporación a la seguridad social de los matrimonios que ya están definidos.

Hay quienes ven en los titubeos del gobierno la evidencia de un Estado estructuralmente débil, incapaz de ponerle freno a los excesos a los poderes fácticos que hoy intentan suplantar al Estado en sus funciones de intérprete del interés general. Pero ese es un error que no toma en cuenta las complicidades del actual grupo gobernante con esos grupos que sólo entienden el estado de derecho como la satisfacción irrestricta de sus intereses. No en balde, recordemos, ante la despenalización del aborto en el Distrito Federal, fue la Procuraduría General de la República la encargada de presentar el recurso de inconstitucionalidad; y fueron los grupos parlamentarios panistas, en extraña asociación con los priístas y las formaciones más a la derecha de la sociedad civil, quienes se dieron a la tarea de aprobar legislaciones que dieron como resultado, digamos, las aberraciones penales que hoy padecen varias mujeres en Guanajuato cruelmente encarceladas.

La supuesta debilidad del gobierno, como se comprueba en este y otros lamentables casos, es el fruto de su connivencia con los intereses que debería regular, el resultado de un compromiso histórico con los poderes fácticos que en definitiva marcan el ritmo a la autoridad. La sociedad mexicana ha dado pruebas de que ha cambiado, la secularización prosigue y cada vez son menos los ciudadanos dispuestos a aceptar las consignas de la derecha, pero la jerarquía, asociada a los grupos de poder político y económico más conservadores, incluyendo los que actúan en el gobierno, no pierden la esperanza de revertir los fundamentos del Estado laico. Ese es el objetivo del cardenal Sandoval.