En lacerante contraste con los accidentes mineros que han ocurrido en Estados Unidos, China y, más recientemente, en Chile, donde éstos fueron atendidos de manera inmediata por sus respectivos gobernantes, logrando rescates casi milagrosos de trabajadores que daban por fallecidos, en México se dejó morir a los mineros de Pasta de Conchos y ni siquiera se ha permitido el rescate de sus cuerpos, para ocultar la responsabilidad del consorcio Grupo México.

Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, planteó lo anterior en una asamblea de delegados que tuvo lugar ayer en la cual expuso que los ejemplos internacionales que se han registrado a últimas fechas por estos accidentes son una rotunda y espontánea acusación a la crueldad y falta de sentido humano y legal del gobierno de México y la empresa propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.

Recordó en la teleconferencia que contrariamente a lo que se hace en otras naciones, en Pasta de Conchos, a cinco días escasos de ocurrida la explosión, tanto Grupo México como el entonces titular del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz, cerraron la mina sin conocer si los mineros estaban con vida, y dieron por terminada toda labor de rescate, con la evidente intención de evitar que se descubrieran la negligencia, la arrogancia y la irresponsabilidad de Larrea y cómplices, por las inhumanas condiciones de seguridad, higiene industrial y salud que prevalecían en esa mina.

Ante ello, los delegados acordaron renovar las demandas del rescate de los cuerpos de los mineros mexicanos fallecidos; la entrega de una indemnización justa para los familiares de estos trabajadores y no las mezquinas sumas que Grupo México les ha ofrecido, que han sido rechazadas con indignación, y justo decoro por las viudas y deudos.

Los representantes sindicales señalaron que no es admisible que en nuestro país se presenten tales injusticias, por lo que demandaron investigar y castigar penalmente a los responsables directos e indirectos del homicidio industrial, con cárcel y la pena máxima que se pueda aplicar.

La asamblea acordó exigir que el gobierno retire las concesiones mineras que ha dado a la empresa de Larrea Mota Velasco y convino exhortar, tanto al Congreso de la Unión como a la sociedad y al gobierno, a que se legisle para penalizar severamente la negligencia criminal de las empresas que no cumplan en materia de seguridad, higiene del trabajo y salud.

Gómez Urrutia expuso que a diferencia de la actitud que han mostrado los gobernantes de China, Estados Unidos y Chile, quienes acuden en auxilio de los mineros accidentados, en México ignoran cruelmente el crimen que mantienen en la impunidad. Incluso, muy probablemente al momento del cierre de la mina había mineros vivos rescatables, y esa arbitraria clausura los llevó a la muerte. Esto configura un horrendo crimen industrial, sin duda alguna, y los hechos nos han dado la confirmación.

Mezquinamente, ni Germán Larrea ni el entonces presidente Fox, ni después Felipe Calderón, acudieron a Pasta de Conchos para otorgar ayuda, condolencias o estímulos a las viudas y deudos, en contraste radical con gobernantes de esos otros países, agregó, para después añadir que tras el asesinato corporativo, sucesos de este tipo han seguido ocurriendo, como en la mina de carbón o pocito La Florida, de Múzquiz, Coahuila, del 30 de julio, entre otros más en Coahuila y en San Luis Potosí, con diversas pérdidas de vidas, precisó.