El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en definitiva la situación legal del predio El Encino, ubicado en la delegación Cuajimalpa, mediante un incidente de inejecución de sentencia en el que se determinará si el Gobierno del Distrito Federal está imposibilitado para devolverlo a su dueño –como Promotora Internacional Santa Fe reclama–, o bien si procede que la autoridad pague la indemnización con base en su valor comercial.

Por mayoría de siete votos contra cuatro, el pleno desechó los cuatro recursos de queja en contra del juez de distrito, presentado por las autoridades capitalinas y por la inmobiliaria dueña del predio de más de 6 millones de metros cuadrados, quienes se inconformaron por la decisión del juez noveno de distrito en materia administrativa, quien ordenó a la administración de Marcelo Ebrard que devolviera más de 5 millones de metros cuadrados, en los que no se han realizado las obras ofrecidas.

El asunto fue turnado al ministro Luis María Aguilar para que elabore el dictamen del asunto, bajo la figura de incidente de inejecución.

Cabe señalar que en la discusión de este asunto Aguilar dejó en claro que desde su punto de vista existe imposibilidad jurídica para devolver las fracciones expropiadas, porque la devolución de esos terrenos causaría graves afectaciones a la sociedad, ya que en el lugar se construyeron y están proyectadas obras de infraestructura, drenaje pluvial, además de las vialidades de Graf Fernández y Vasco de Quiroga.

En razón de lo anterior, propuso que el Gobierno del Distrito Federal pague el terreno expropiado a su valor comercial.

Este conflicto por la posesión del predio, que continuará por tiempo indeterminado, fue el origen del desafuero del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, quien fue acusado en 2004 de haber violado una suspensión en un juicio de amparo, en el que se le ordenó que parara la construcción de un camino aledaño al hospital ABC

López Obrador fue desaforado en 2005 y sólo gracias a las movilizaciones de diversos sectores políticos y sociales en contra del plan del presidente Vicente Fox, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), fue que la dependencia reculó y dio marcha atrás al proceso penal en contra de quien fuera candidato presidencial del PRD.