El caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel muestra que en el país está quebrado el estado de justicia, permanece la impunidad y la transición fue fallida, comentó José Luis Caballero, coordinador de posgrados del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

La situación de ambos guerrerenses, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará el 26 y 27 de este mes, servirá para insistir en la necesidad de reformar a fondo el acceso a la justicia, modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, el cual refiere que son faltas a la disciplina castrense los delitos del orden común o federal realizados en actos de servicio, y terminar con el fuero del Ejército.

Antes, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), explicó que en la audiencia de la CIDH se presentarán los argumentos que indican que el Estado violó los derechos de ambos guerrerenses. “Confiamos en que la sentencia de la CIDH en torno a este caso derive en la reforma del sistema de administración de justicia y proteja el ejercicio del defensor de las garantías fundamentales, pues el Estado se ha negado a aplicar las recomendaciones emitidas en otros casos, entre ellos el de Rosendo Radilla, desaparecido en la guerra sucia, para reducir la fuerza militar.”

Arriaga Valenzuela asentó que la tarde del día 26, Rodolfo Montiel rendirá su testimonio ante la CIDH sobre su labor como defensor de los bosques de la sierra de Filo Mayor, su detención arbitraria en 1999 y los actos de tortura a que fue sometido por elementos del Ejército. Asimismo, en su demanda contra el Estado solicitará las medidas necesarias para la reparación del daño y acceso a la justicia.

También intervendrán el doctor Christian Tramsen, médico danés que realizó un examen a Cabrera y Montiel durante su permanencia en prisión, el cual demuestra que fueron torturados.

Además, Fernando Coronado Franco, experto en derecho penal y derechos humanos, presentará un análisis del sistema penal mexicano e integrantes del Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional expondrán de manera verbal sus argumentos para indicar que el Estado violó las garantías de ambos campesinos ecologistas.

A partir de ello y de la insistencia de los representantes del gobierno de que en dicho caso no se cometió ninguna violación a los derechos humanos, la CIDH podrá emitir una resolución, que se espera sea favorable, pues de ella dependerá que el Estado sea presionado para construir condiciones más justas y democráticas, agregó el director del Prodh.

Lo que se pretende es que los hechos que se cometieron contra los campesinos ecologistas no se repitan; luego de la sentencia, el Estado tiene un año para cumplirla, dijo.