Tijuana, BC., 19 de agosto. La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado (PDH) emitió una recomendación al presidente municipal panista de esta ciudad, Jorge Ramos Hernández, para que se investiguen y sancionen los actos de tortura presuntamente cometidos por el secretario de seguridad pública municipal, Julián Leyzaola Pérez, y agentes de esa corporación.

El 22 de agosto de 2009 cinco personas que fueron detenidas, incomunicadas, torturadas y acusadas sin pruebas del asesinato de policías de Tijuana. El juez noveno de distrito con sede en esa ciudad absolvió a los implicados.

Esa tarde, los detenidos fueron trasladados a la comandancia, donde policías y civiles, entre ellos el propio Leyzaola Pérez, los mantuvieron incomunicados durante 12 horas, los golpearon y torturaron e incluso los obligaron a disparar armas de fuego.

De acuerdo con la PDH, se pretendía que los detenidos declararan que habían matado con armas de fuego a policías el 21 y 22 de agosto en Tijuana.

La investigación del ombudsman comprobó que los detenidos sufrieron tormentos y otros tratos crueles y degradantes, lo que viola la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.

Solicitan indemnización y tratamiento para víctimas

La PDH recomendó que se indemnice a los agraviados y se les resarza del daño con tratamientos médicos y sicológicos; además, que se instruya a la policía de Tijuana que los detenidos sean presentados de manera inmediata ante el juez.

También se pide reforzar el programa de capacitación permanente a policías, con cursos, exámenes de oposición, evaluaciones periódicas, terapia para el manejo de estrés, así como concursos de selección.

Otra recomendación a Ramos Hernández es que destituya al teniente Julián Leyzaola, así como a los agentes que arrestaron a los agraviados, y dé vista a la Procuraduría General de Justicia del estado para que investigue los delitos que se les imputan.