Saltillo, Coah., 17 de agosto. Hoy como nunca autoridades federales irrumpen en domicilios sin orden alguna, vulneran la intimidad, torturan y privan de la libertad sin proceso, sostuvo el diputado federal Rubén Moreira Valdez, al presentar el pasado lunes por la noche su primer informe de actividades como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Como ejemplo de las arbitrariedades citó el caso de las indígenas queretanas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes permanecieron en prisión durante cuatro años acusadas de delitos que finalmente se comprobó que no cometieron.

Mencionó que otro ejemplo de las violaciones recurrentes a las garantías individuales en México fue la detención de servidores públicos estatales y municipales en Michoacán, acusados de tener vínculos con delincuentes. La mayoría de los detenidos han quedado en libertad al no acreditárseles culpa.

Hemos sido testigos de graves incidentes por parte de las autoridades federales, como “la fabricación de testimonios para privar de la libertad a las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio, acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales; se les castigó injustamente por tres razones: ser indígenas, ser pobres y ser mujeres.

Se hizo necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que determinó que no había elementos suficientes que probaran la comisión de un delito, y ordenó su liberación inmediata. Lamentablemente, ya habían transcurrido cuatro años de cárcel, relató.

Ante legisladores federales, ex gobernadores de Coahuila, así como grupos políticos del estado, el diputado saltillense ubicó al arresto de los funcionarios michoacanos como otra muestra clara de los abusos que se cometen en el actual régimen de gobierno.

“En un impresionante operativo, las fuerzas federales detuvieron (el 26 de mayo de 2009) a 35 personas, entre alcaldes, funcionarios y ex funcionarios, así como jefes policiales de Michoacán, todos presuntamente vinculados con el crimen organizado; a ellos les fueron violentados sus derechos fundamentales en su detención, arraigo y reclusión en una cárcel de máxima seguridad”.

Moreira Valdés indicó que para evitar nuevos abusos y profesionalizar la actuación de las autoridades, propuso iniciativas para desaparecer la figura jurídica de arraigo y conseguir que el gobierno federal indemnice a las víctimas de abusos por parte de corporaciones policiacas federales, de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano.