La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, consideró indispensable que el Congreso apruebe ya la nueva ley de amparo –que está prácticamente detenida en el Poder Legislativo–, porque la que tenemos no da respuesta a los tiempos actuales.

Consideró que aunque mediante resoluciones, interpretaciones y jurisprudencias el sistema de justicia mexicano ha avanzado mucho, la ley de amparo vigente “no nos sigue dando respuestas (…) Entonces sí necesitamos una nueva legislación”.

Acerca de la intervención del presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, en la sesión del Diálogo por la seguridad, donde pidió tiempo para que el Poder Judicial asuma compromisos, la ministra señaló que esa respuesta se debió a la existencia de dos órganos colegiados del Poder Judicial (la propia SCJN y el Consejo de la Judicatura) con los que se tienen que alcanzar consensos en la toma de decisiones.

Al participar en la sexta jornada de Actualización jurídica, manifestó que el sistema de justicia, desde la reforma que entró en vigor en 1995, ha demostrado ser uno de los principales baluartes de nuestra democracia, porque ofrece más claridad en la exposición de los problemas y medios para resolverlos.

En su ponencia, indicó que en materia de medios de control constitucional la ampliación de facultades a la Corte, vía la facultad de atracción, obedece no sólo a la producción legislativa sino también a la función interpretativa de la Constitución que realiza el alto tribunal.

Mediante esta acción interpretativa, la Suprema Corte ha ampliado también el campo de protección de los derechos de los ciudadanos y se han pluralizado los sujetos que tienen acceso a la justicia, acorde con la exigencia de los tiempos que corren, comentó.

Esa ampliación, abundó, también ha generado que la Corte pueda tener un campo de intervención más amplio, sin que eso signifique que se pretenda adoptar una actitud de activismo judicial mal entendido, ni resolver todos los conflictos de orden nacional que puedan planteársele.

Apuntó que en sus resoluciones el alto tribunal ha buscado velar por el principio de supremacía constitucional y ha ampliado su protección no sólo a los órganos, poderes u órdenes de gobierno en conflicto, sino que ha extendido esa protección hacia la persona, objeto y fin último de todo medio de control constitucional.