Enfundada en traje negro de cuero y con pasamontañas, la directora del penal varonil El Llano, en Aguascalientes, María del Socorro Gaspar Rivera, recorre ocasionalmente durante las madrugadas las celdas de los internos y elige a algunos al azar para torturarlos, denunciaron reclusos de ese penal ante la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Los testimonios con los que cuenta la ONG (de los que se tiene copia) señalan que desde que asumió el cargo, en marzo de 2010, Gaspar Rivera limitó e inclusive eliminó algunos de los derechos de los presos, y ha incurrido en actos crueles, degradantes y torturas.

Ante las irregularidades, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) envió un comunicado al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez; al gobernador estatal, Luis Armando Reynoso Femat, y a otros funcionarios de ambos niveles de gobierno, en el que manifestó su preocupación por los hechos.

“La OMCT ha conocido que malos tratos y torturas se presentan desde marzo del presente año, cuando Gaspar Rivera asumió la dirección del mencionado centro. Se ha denunciado que, por ejemplo, la directora –acompañada de algunos guardias–, vestida con disfraz negro y pasamontañas recorre las celdas entre las 3 y 5 horas y elige al azar a algunos reclusos para torturarlos con un aparato que emite descargas eléctricas.”

El organismo internacional exige a las más altas autoridades federales y estatales investigar estas denuncias, sancionar penalmente a los responsables y garantizar la seguridad de los reclusos, en especial la de tres colombianos que son los principales denunciantes.

Los hechos trascendieron por una carta redactada por el colombiano Jaime Román Saavedra Vélez, dirigida al embajador de su país en México, Luis Camilo Osorio Isaza, fechada el 21 de julio pasado. En ella denuncia que su compatriota Manuel Tiberio Bravo fue víctima de torturas y aislamiento en el penal.

Organizaciones estatales hicieron llegar la queja a la CM-DPDH, agrupación que se hizo cargo del caso. Nancy López Pérez, abogada del área de defensa de la ONG, detalló que al menos en dos ocasiones las autoridades del penal han torturado a Tiberio Bravo.

La primera fue el 14 de julio, tras negarse a hacerse una prueba de orina. Lo golpearon y patearon, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo, recibió puñetazos en las costillas, le propinaron descargas eléctricas en los genitales, cuyas cicatrices aún presenta, y fue aislado varios días.

Una semana después, volvió a ser víctima de la violencia: en esta ocasión porque querían que confesara quién vendía droga en la cárcel.

La abogada señaló que Saavedra Vélez y Jhon Mario Villarreal Santillana (otro colombiano recluido en el lugar) recibieron amenazas de muerte por la carta de denuncia.

En un escrito dirigido al director de la CMDPDH, Juan Carlos Gutiérrez, 59 internos de El Llano denuncian los actos de tortura de Gaspar Rivera. Además, advierten que les han limitado algunos derechos, pues se prohíbe el ingreso de los abogados de los reclusos con el argumento de que los ya sentenciados no requieren de defensa, a pesar de que muchos buscan preliberaciones o no han agotado los amparos.

Agregan que fueron canceladas las llamadas telefónicas a familiares –pagadas por los internos–, que se realizaban entre las 7 y las 9 de la noche; se limitó la visita familiar; se modificaron los horarios de la visita conyugal y se disminuyó su duración; se redujo la cantidad y calidad de los alimentos, además que se destruyeron todas las áreas verdes para que se jodan y vean gris.

Estas modificaciones contravienen las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos establecidas por la ONU, las cuales deben ser acatadas por los estados miembros de la organización, señalaron OMCT y CMDPDH.

Protocolo de Estambul

Nancy López solicitó no desestimar las acusaciones de los reclusos y que los hechos sean investigados. Pidió la aplicación del Protocolo de Estambul –exámenes médicos y sicológicos con los que se comprueba si una persona fue víctima de tortura. Informó que un expediente del caso ya se envió a la Relatoría contra la Tortura de la ONU.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a las autoridades penitenciarias de Aguascalientes que se otorguen medidas cautelares en favor de los colombianos para garantizar su integridad, que se aplique el Protocolo de Estambul y que cesen a Armando Camacho Velázquez, Eduardo Ramos Uvario y al comandante Felipe Blandón Hernández, colaboradores en el penal, a efecto de que no tengan trato alguno con el reclamante, los testigos y sus familias.