El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana informó que tras la determinación tomada por el juez noveno de distrito del estado de Sonora –en el contexto del juicio de amparo que promovió en contra del desalojo de la mina Cananea–, su equipo legal solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, que se respete el derecho de los mineros a no ser movidos del lugar.

Lo exhortó a que ordene a sus subordinados que se abstengan de algún posible enfrentamiento para impedir la posesión pacífica de la fuente de trabajo en huelga y resaltó que el desacato a una suspensión de amparo tiene graves consecuencias jurídicas para el funcionario que lo haga, ya que ello constituye un delito.

En entrevista, Sergio Beltrán Reyes, secretario del interior, actas y exterior del sindicato, señaló que existe confianza en que el citado juez dé finalmente la razón al gremio y desestimó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) haya minimizado la determinación judicial.

Cabe señalar que la dependencia aseguró el jueves que el gremio no obtuvo un amparo, sino sólo una suspensión provisional que no tiene efectos restitutorios, por lo que la terminación de la relación de trabajo es un acto firme y constituye una cosa juzgada.

Sobre ello Beltrán comentó: las declaraciones de Javier Lozano (titular de la STPS) siempre van en sentido de atacar al sindicato; lo determinado por el juez debe ser acatado; si la secretaría no lo ve así es una lástima; es lamentable que se haya prostituido la STPS.

Beltrán Reyes precisó que ya cerca de 900 mineros, junto a familiares y pobladores, se han presentado en la mina para que se restituya el estado de huelga y añadió que los trabajadores no caerán en ninguna provocación.

El sindicato informó que sus abogados enviaron una carta a García Luna para que conforme a la determinación del juez se respete el derecho de los trabajadores de Cananea a no ser desalojados del centro de trabajo y a no impedir la toma de posesión pacífica de la mina por los mismos trabajadores en huelga.

Remarcó que a pesar de lo dicho ayer por la Secretaría del Trabajo y por Grupo México sigue vigente la suspensión ordenada por el juez y agregó que en la misiva se manifiesta a García Luna que “el operativo de ocupación de la mina, ejecutado el 6 de junio pasado por la Policía Federal, tuvo los estrictos límites de unas diligencias ministeriales, pero de ninguna manera anuló el derecho de los trabajadores en huelga para permanecer en las instalaciones de la mina, su fuente de trabajo”.

Agrega que ninguna autoridad del Poder Judicial de la Federación ha privado a los trabajadores de ese derecho a permanecer en su centro de trabajo, ni se ha ordenado su desalojo con motivo de situación laboral alguna, por lo cual la suspensión provisional, dentro del juicio de amparo promovido por el sindicato, está vigente.

La defensa legal del sindicato le pidió al secretario tomar conocimiento de la suspensión (de referencia) y acatarla, absteniéndose de cualquier uso de fuerza pública que contravenga la misma.