urante el pasado mes de julio, en el Parlamento Europeo se escucharon posiciones mayoritarias para legislar –que ese es su trabajo– en favor de la salud de las personas y del medio ambiente. O en cualquier caso, en favor de un paso previo fundamental: el principio de precaución. Mientras las normativas para la aprobación de nuevos alimentos se flexibilizan y se hacen más sencillos los pasos para la aprobación de nuevos cultivos transgénicos, en su opinión y por el momento, el Parlamento Europeo (no así la Comisión y el Consejo) considera que deben existir mecanismos que eviten el consumo de dos tipos de supuestos nuevos alimentos. Nuevos y extravagantes.

Por un lado, el Parlamento Europeo deja claro que en la elaboración de alimentos a partir de animales clonados y su descendencia debe aplicarse una moratoria para su comercialización. Como explica la ponente en este asunto, la diputada holandesa Kartika Liotard, una mayoría clara en el Parlamento Europeo apoya las objeciones éticas a la producción industrial de carne clonada. Los animales clonados sufren altos índices de enfermedades, malformaciones y muerte prematura, y los diputados han pedido que haya una regulación apropiada. Es hora de que la Comisión escuche al Parlamento Europeo y a los ciudadanos.

El Parlamento Europeo también se ha pronunciado sobre los alimentos producidos mediante nanotecnologías. Su postura defiende que no se puedan incluir en la lista europea de nuevos alimentos hasta que una evaluación de riesgos demuestre que su uso es seguro. Pero ellos y ellas saben que las nanotecnologías ya se han empezado a utilizar en la alimentación y en los envases alimentarios, por eso insisten en que cualquier nano-ingrediente debe estar indicado en la etiqueta del alimento. Y aquí enlazamos por parte de la Eurocámara y de muchos grupos ecologistas y movimientos campesinos, con la histórica reclamación de obligar a que los productos elaborados a partir de animales alimentados con forrajes modificados genéticamente sean etiquetados con claridad: Producido a partir de animales a los que administran piensos modificados genéticamente. Reclamación sustentada en el derecho de los consumidores a elegir una alimentación libre de transgénicos. Reclamación que en Europa sigue en la lista de espera, mientras toda la carne, leche y huevos que se consumen provenientes de ganadería no ecológica ha sido alimentada con ingredientes transgénicos.

Por último, y también tiene que ver con el derecho a la información, en España, el pasado 12 de julio, unos actos de protesta ambiental concluyeron con la siega de dos campos de experimentación con transgénicos propiedad de Syngenta (la tercera empresa de semillas del mundo después de Monsanto y Dupont). Mientras que países como Reino Unido, Portugal o Alemania hacen pública la situación de los ensayos en parcelas con nuevas modalidades de cultivos transgénicos (son pasos obligatorios previos a su posible aprobación), en España esa información ha sido mantenida en secreto. Hasta que tras años de solicitudes y reclamaciones ante el defensor del pueblo, una sentencia favorable del Tribunal Europeo de Justicia de febrero de 2009 ha permitido a la organización Amigos de la Tierra disponer de dicha información. Amigos de la Tierra, en defensa de los derechos de los consumidores y consumidoras, así como de los agricultores y agricultoras que pueden ser afectados por contaminaciones de dichos campos, ha hecho pública la localización exacta, a nivel de parcela, de cada uno de esos campos experimentales.

Ante la siega de dos de esos campos, la industria biotecnológica ya ha acusado a los movimientos sociales y ecologistas de irresponsables y vandálicos por facilitar la información y por llevar a cabo la protesta. Pero, mientras la legislación sigue su lento caminar, mientras los gobernantes no toman posturas claras y decididas, estos actos son una voz de alerta para que sus argumentos resuenen con fuerza, sobre todo en España, donde la situación con los cultivos transgénicos es especialmente grave: Por el momento, la legislación no ampara a los agricultores y agricultoras para protegerse de la contaminación, imposibilitando que se puedan denunciar los daños producidos; España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala (con 76 mil hectáreas de maíz cultivadas en 2009, que representa 80 por ciento de las superficie sembrada con estos productos en toda Europa), mientras otras naciones los prohíben con base en sus impactos ambientales, incertidumbres para la salud e imposibilidad de evitar la contaminación de la agricultura convencional y ecológica. Finalmente, este país también acoge 42 por ciento de todos los experimentos con transgénicos al aire libre que se realizan en la Unión Europea, gracias al oscurantismo deliberado del gobierno.

Mientras en España hay una clara apuesta por la agricultura transgénica y otras modernidades que nos situarán en la punta de lanza de la industria biotecnológica –sueñan sus promotores–, como dice David Sánchez, de Amigos de la Tierra, no se puede permitir que nos hagan falsas acusaciones ni se criminalice el movimiento de oposición a los transgénicos. El debate importante no son estas acciones, sino el contexto de imposición e indefensión jurídica frente a los transgénicos. Si alguien quiere buscar responsables, sería mejor buscarlos en el gobierno y en la industria.

*Gustavo Duch Guillot, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas

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