Frente a la pantalla, una trabajadora del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) relata el periplo sufrido en los últimos 10 meses; su rostro refleja angustia tras haberse quedado sin empleo, y habla de que ha ido a innumerables empresas a pedir trabajo; ninguna la ha querido contratar: estamos en listas negras. Estamos estigmatizados, ni siquiera nos quieren en puestos menores. El gobierno se encargó de ello, señala.

Se trata del más reciente documental de Canal 6 de Julio ¿Vivir mejor? El SME y el presidente del empleo, de los realizadores Carlos Mendoza y Mario Viveros, quienes hacen un puntual seguimiento de la lucha de los trabajadores del SME por recuperar el empleo.

Muestra los rostros de desesperación e indignación de los electricistas por la acción gubernamental que liquidó su centro laboral; sus marchas y huelga de hambre. También presenta la cara del presidente Felipe Calderón cuando anuncia que se finiquitó Luz y Fuerza del Centro (LFC) por el bien de México, así como la del secretario del Trabajo, Javier Lozano, en el momenton que afirma que los del SME eran trabajadores privilegiados.

Impactan las escenas captadas de dos casos de contratistas que se electrocutaron al tratar de arreglar fallas del servicio y que son bajados de los postes como si fueran muñecos de trapo. La filmación de Canal 6 de Julio incluso da cuenta de un usuario electrocutado al momento en que por su cuenta quiso restablecer el servicio para su casa.

Presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ayer por la tarde, el documental fue comentado por la investigadora de la Universidal Nacional Autónoma de México, Ángeles Magdaleno, quien corroboró que sí existen tales listas negras de estos trabajadores; que este gobierno está empeñado en rematar los sectores públicos y en privatizar y dar el gran negocio del servicio eléctrico al sector privado. Concluyó su intervención señalando que en todo caso el trabajador privilegiado es Javier Lozano: gana más de 150 mil pesos mensuales, tiene una prestación que le permite disponer de 3 mil pesos diarios para comida, le pagan oficinas rentadas y celulares carísimos.

En tanto, el consejero de la CDHDF, Manuel Fuentes Muñiz, hizo un amplio cuestionamiento a todo el proceso legal bajo el cual se extinguió LFC. Se les arrebataron y violentaron todos los derechos a los trabajadores sin que mediara juicio –expuso–; el gobierno pisoteó la Constitución y escamotea a los electricistas en resistencia el derecho que les reconoció la Suprema Corte de Justicia a que les sean respetados sus derechos laborales. En México, las leyes ya no se llevan con la justicia, concluyó.

Por el SME acudió Fernando Oliva, secretario de Educación, quien señaló que a 10 meses de distancia quedó claro que la determinación de acabar con LFC fue para dar el negocio de la fibra óptica al Grupo Televisa y socios; que el gobierno nunca tuvo intención de recontratar a los trabajadores que se liquidaran, sino que fue una mentira, y que quiere dar este sector –público y reservado por la Constitución– a las empresas privadas.

El gobierno no sólo nos dañó laboral y moralmente, sino que ha dejado el servicio de la zona centro a contratistas que están haciendo pedazos la red, poniendo en riesgo la vida de estos trabajadores expertos, y hasta de la ciudadanía, y están acabando con cientos de negocios pequeños por los múltiples apagones y cobros excesivos del servicio, apuntó.