a colisión entre la retórica del gobierno de Estados Unidos para encubrir sus diseños de intervención y ocupación en América Latina (guerra al terrorismo, al crimen organizado o al narco) y los eventos que se observan día a día, es tan incontrovertible y pública que sólo la noción de esquizofrenia permite analizar lo que a todas luces es una criminal mendacidad de Estado.

Con la intensidad de la crisis estructural y hegemónica aumentan las contradicciones entre las proclamas oficiales por fortalecer el estado de derecho frente a la criminalidad y los hechos derivados de la codicia empresarial, del masivo desvío de fondos públicos al complejo bélico-industrial, a los órganos de espionaje y a la oligarquía financiera, mientras se recorta el gasto federal, estatal y de condados, con incontable pérdida de plazas y de partidas para obra pública, salud, servicios sociales, etc.

Esto ocurre junto a una inusitada y costosa militarización, paramilitarización y mercenarización de la política exterior, mientras se agudiza en lo interno el dilema entre cañones y mantequilla, y en lo externo la esquizofrenia imperial, con fuerte inclinación genocida (Irak, Afganistán, etc). Estados Unidos es el mayor exportador de armas –domina el comercio mundial–, por lo que no es difícil percibir el fondo del choque entre la guerra antiterrorista y antinarco y la reticencia del presidente Barack Obama por controlar el monumental flujo de armas de bajo y alto calibre a los cárteles al sur del Bravo.

Ante ese negocio y el fabuloso manejo bancario/financiero de la droga, los 28 mil mexicanos muertos en la guerra antinarco no son relevantes para Estados Unidos. Menos para una Casa Blanca que, al contrario, promueve la flexibilización de normas para agilizar las exportaciones armamentistas, según Obama, con miras a duplicar las ventas en 2015. Así, dice el diputado D. Manzullo (R) de Illinois, podremos salir de esta recesión.

La siniestra mendacidad es palpable en el informe anual de la Oficina para el Contraterrorismo del Departamento de Estado (DE) conocido la semana pasada. Ahí se señala que “la cooperación de Venezuela con Estados Unidos en materia de terrorismo ha sido reducida a un mínimo absoluto, y se censura que Caracas realice sus esquemas de seguridad sin guía de Estados Unidos –como corresponde a una nación soberana–, por lo que no es un socio fiable en el antiterrorismo y, en anacrónico arranque monroista, el DE se queja, como hizo Clinton en persona, de que Caracas, Brasilia y otras naciones del sur ¡mantengan relaciones con Irán! A esta arrogancia se agrega la hipocresía de un Estados Unidos practicante, como pocos, del terrorismo de Estado: en abril pasado se difundió un video suprimido, clasificado como secreto del Departamento de Defensa (DdD), en el que desde sus helicópteros Apache se matan civiles y dos camarógrafos de Reuters en Bagdad. Son asesinatos colaterales que el lector puede presenciar en Wikileaks.

A la hipocresía se agrega la infamia, evidente en la devastadora masa de más de 90 mil archivos top secret de la guerra en Afganistán (la mayor fuga de seguridad en la historia militar), obtenidos y diseminados por Wikileaks, que muestran, entre otros horrores, cómo el DdD, la OTAN, sus aliados británicos y decenas de miles de contratistas y fuerzas especiales han eliminado cientos de civiles en acciones no reportadas. En un programa de asesinatos del gobierno Bush/Cheney se documentan múltiples ejecuciones extrajudiciales del liderato talibán, realizadas por unidades secretas bajo la instrucción de matar o capturar. Toda la documentación, que The Guardian publica en su edición electrónica, muestra cómo las fuerzas de la coalición usan, con mayor frecuencia, aviones no tripulados Reaper para cazar y matar a los talibanes, a control remoto desde una base en Nevada, actividad que según la prensa persiste y se acentúa con Obama/Clinton, con cientos de bajas, en quebranto abierto y cotidiano al Derecho Penal Internacional.

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