Buenos Aires 11 de agosto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, sostuvo hoy que los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983) que se realizan en todo el país no tienen marcha atrás porque no dependen de las coyunturas sino que están incorporados al contrato social y forman y del consenso básico de la sociedad.

Al presentar el Informe sobre la tramitación de estos juicios, que han centrado la atención del mundo en estos momentos, y donde se producen cada día nuevas revelaciones y surgen culpabilidades de otros sectores, más allá de lo militar, consideró que el país vivió una verdadera tragedia durante la dictadura.

Destacó asimismo que los acusados por graves violaciones a los derechos humanos, cuyas acciones dejaron alrededor de 30 mil desaparecidos y otras gravísimas consecuencias humanitarias y sociales, tuvieron y tienen ahora la posibilidad de ser juzgados con la defensa garantizada y el debido proceso, aunque ellos nunca los dieron a sus víctimas.

Ante una sala donde estaban en primera fila, el juez español Baltasar Garzón, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, magistrados, funcionarios, legisladores, representaciones de organismos humanitarios y otros sectores, Lorenzetti destacó también que este es el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes estatales en el marco del Estado de derecho.

Se refirió a la trascendencia histórica de los juicios que se realizan en casi todas las provincias del país, lo que resulta en uno de los procesos de investigación sobre delitos de lesa humanidad más importantes en el mundo.

Hizo referencia además a la cantidad de las causas y especialmente a las más importantes como son las que se refieren a los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y los Cuarteles de campo de Mayo, y los que dependían del Primer Cuerpo de Ejército. De acuerdo a las últimas cifras suman casi 500 los Centros Clandestinos de Detención y exterminio que funcionaron en todo el país.

En el desarrollo de los juicios se escuchan testimonios de víctimas, sobrevivientes y familiares, lo que ha puesto en escena a nivel nacional las trágicas características del terrorismo de Estado que se instaló en el país a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Después de los históricos juicios a las juntas militares de la dictadura en los años 85, éstos tienen ahora una singular importancia, porque las investigaciones han avanzado, aparecieron pruebas irrefutables, pudieron cerrarse casos, más de cien niños hijos de desaparecidos y apropiados por los militares en esos años, han sido recuperados y restituidos a sus familias, fueron identificados cadáveres encontrados en tumbas colectivas, se pudo acceder a algunos archivos de inteligencia, que el gobierno ordenó abrir.

De la misma manera al juzgar las responsabilidades en la llamada Operación Cóndor, que unió a las dictaduras del Cono Sur en una coordinadora criminal, esto ha permitido encontrar rastros en otros países que permiten reconstruir los hilos de los crímenes aquí,, abriendo nuevas puertas a los investigadores y magistrados.

El juez Lorenzetti también destacó el papel de los organismos humanitarios, como Madres y Abuelas, por su larga lucha a favor de la verdad y por haber buscado el camino de la justicia y los juicios, para quienes aplicaron el terrorismo de Estado sobre una población indefensa.

Por otra parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un reconocimiento a esta acción de justicia y destacó que ésta es la Corte Suprema de Justicia que fue elegida con la mayor independencia desde el retorno democrático.

“Nunca más se violarán los derechos humanos(…) hemos revertido la impunidad y hoy los juicios que parecían que jamás iban a poder comenzar, emblemáticos algunos de ellos, se están haciendo”, sostuvo la mandataria en el acto de cierre de la Segunda Jornada de la Justicia del Bicentenario, que se realizó en un teatro de esta capital.

Analizó también que durante algún tiempo creímos que iba a ser imposible llegar a juzgar los delitos de lesa humanidad. Sin embargo se mantuvo la obstinada terquedad de las organizaciones de derechos humanos y también la decisión política de los tres poderes del Estado de dar vuelta esa página, a partir de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y lo resuelto por la Corte de decretar la inconstitucionalidad de la impunidad de ambas leyes, junto a los indultos.

Por otra parte, destacó que esta cuestión no era propiedad de ninguna ideología, no era cuestión de izquierda o derecha, sino que en una sociedad democrática los delitos lesa son imprescriptibles y juzgados por los jueces con las garantías que la Constitución otorga.

De la misma manera resaltó la necesidad de que la sociedad tome conciencia de esta situación, y también hizo referencia a que en estos tiempos ya no se usan sólo tanques, armas y militares para producir golpes de Estado. Señaló hacia las acciones desestabilizadoras de medios y de los grandes poderes económicos y los intereses minoritarios que se expresan a través de éstos-

En es punto consideró que el Poder Judicial debe tener una independencia aún mayor ante el poder económico, que la que debe tener frente al poder político.

La mandataria reafirmó que la garantía de la justicia es el camino de la democracia y no el de la venganza”. Una vez más puso como ejemplo la actitud valiente, serena, firme y democrática de madres, abuelas y del resto de organizaciones de los derechos humanos que son un ejemplo en el mundo.

En una de sus reflexiones señaló que fueron los militares los que dieron el golpe de Estado y cometían estos delitos de lesa humanidad, pero se hizo en nombre de un proyecto político y económico, y advirtió que no podemos más, especialmente los sectores medios, los más volubles e influenciables, servir a proyectos que en definitiva terminan beneficiando apenas a un puñado de poderosos y concentrados intereses económicos y terminan sepultando a la mayoría de la sociedad argentina.

Ante estas situaciones señaló no debe haber justicia oficial u opositora, sino simplemente justicia.

Por otra parte, el juez Garzón y la senadora chilena Isabel Allende participaron hoy en la presentación del Consejo de Notables que apoya la candidatura de Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz.