Los ataques sistemáticos contra periodistas y medios de comunicación en algunas zonas de México son críticos, manifestó el relator sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frank la Rue.

Señaló que ante la situación de violencia a la que se enfrentan los comunicadores mexicanos en urbes como Ciudad Juárez, Chihuahua, o Reynosa, Tamaulipas, la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) han propuesto una nueva categoría de riesgo para los reporteros que desempeñan su labor en zonas de conflicto, aunque estos lugares no entren en el tópico (guerras) avalado por los tratados internacionales.

La Rue y Catalina Botero, relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se reunieron ayer con integrantes de organizaciones civiles defensoras de la libertad de expresión y periodistas, quienes manifestaron la realidad a la que se enfrentan los reporteros en el país.

Versiones de algunos asistentes al encuentro destacaron que el relator de la ONU sostuvo que trabaja junto con la Cruz Roja Internacional y la OEA en la creación de la categoría zonas de enfrentamiento intenso y permanente, pues en algunas regiones del territorio mexicano la pelea entre bandas del crimen organizado y el combate del gobierno contra los cárteles llegan a niveles de conflicto similares a una guerra. Esto pone en peligro a toda la población, pero en especial a defensores de derechos humanos y trabajadores de la prensa, destacó La Rue.

Sistema de emergencia y alerta temprana

Asistentes a la reunión señalaron que el funcionario insistió en que es necesario que todos los países instauren un mecanismo oficial de protección a periodistas, que incluya un sistema de emergencia, alerta temprana y capacidad de respuesta rápida, y que actúe sobre todo en zonas militarizadas y en las que se aplica la estrategia contra el crimen organizado.

Durante la reunión, reporteros y organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron algunos casos de violencia y persecuciones ocurridos en el país contra la prensa. Expusieron varios problemas, como la situación que enfrentan los medios comunitarios, el dominio del duopolio informativo, el regateo por la publicidad oficial y la concentración mediática en unas cuantas empresas, entre otros.

Ambos relatores visitan México en gira oficial de trabajo con el propósito de conocer la situación de los comunicadores en el país. Hicieron un reconocimiento a las autoridades mexicanas que permitieron su ingreso para realizar la investigación.

Botero se refirió al informe sobre libertad de expresión que la relatoría a su cargo publicó en 2009, donde asienta que el Estado está obligado a proteger a los periodistas ante circunstancias de riesgo, incluso si el conflicto es entre grupos armados ilegales.

Los asistentes al encuentro señalaron que la relatora aclaró que los actos de violencia e intimidación contra el gremio violan la libre expresión, ya que producen un efecto amedrentador sobre el libre flujo de información.

Dijo que los delitos contra periodistas se deben investigar de oficio, pues de lo contrario el Estado incurre en responsabilidad.

En la reunión participaron periodistas de medios de comunicación de todo el país y representantes de Artículo 19, Centro Nacional de Comunicación Social, Amnistía Internacional, Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, Fundar y Asociación Mundial de Radios Comunitarias, entre otras.

Los relatores visitarán varios estados del país y se entrevistarán con funcionarios gubernamentales. Este miércoles se reunirán con representantes de la Secretaría de Gobernación y con ONG en Bucareli para hablar sobre el mecanismo de protección a periodistas.

El 24 de agosto darán a conocer las conclusiones preliminares de su visita y en 2011 presentarán sus informes.