El acceso a la información y la rendición de cuentas aún son prácticas con muy poca tradición institucional en México y tienen una difusión casi nula entre los ciudadanos comunes. Por ello, es necesario reformar los mecanismos de transparencia y fomentarlos como parte de la cultura ciudadana, advirtieron los participantes en el seminario El derecho de acceso a la información en México: riesgos y oportunidades, realizado este lunes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En las primeras dos mesas del foro, que concluirá este martes, estuvieron María Marván, Ricardo Becerra, Pedro Salazar, Darío Ramírez, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Carbonell, Areli Cano, Luis Miguel Cano, Antonio Martínez y Jenaro Villamil, quienes evaluaron desde distintas perspectivas el trabajo del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

El investigador Pedro Salazar señaló que el derecho de los ciudadanos a estar informados siempre ha estado bajo amenaza por el Estado, y ahora por la acción de los grupos del crimen organizado. A ello se suman la escasa voluntad de las instituciones de gobierno a informar de sus acciones cotidianas, y la ignorancia de la mayoría de la gente respecto de la forma en que hay que solicitar información, o incluso sobre la utilidad de hacerlo.

Además de consolidar los logros alcanzados por el IFAI, desde su creación, en 2002, es necesario establecer el mismo nivel de compromiso de informar en las instituciones del país –incluido el Poder Legislativo–, y sobre todo hacer que las personas comprendan la importancia de su derecho a la información, dijo.

Sobre esto, Miguel Carbonell señaló que, al no estar posicionados con fuerza ni entre las instituciones ni entre los ciudadanos comunes, los organismos de acceso a la información son muy débiles y pueden ser doblegados con facilidad por la burocracia, los partidos políticos o los poderes fácticos del país. Así, aunque reciba elogios, en realidad el IFAI es bloqueado sistemáticamente, aun sin haber revelado nunca información que pueda tocar el nervio más sensible del Estado mexicano, como ha ocurrido en otros países.

La tradición de opacidad en el país es tanta, señaló el abogado Luis Miguel Cano, que las autoridades pueden darse el lujo de revelar datos importantes años después de que les fueron solicitados, cuando ya pocos recuerdan el tema y hay conflictos sociales graves que pudieron haberse evitado.