El Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados plantearon el inicio de una nueva reforma electoral que, entre otros puntos, reglamente el recuento voto por voto de las elecciones presidenciales en caso de duda sobre los resultados, y detalle los límites y sanciones al presidente de la República, gobernadores y alcaldes en la difusión de obra pública, que en realidad tiene como fondo el respaldo a candidatos de sus respectivos partidos.

No debemos darle más largas: es hora de reabrir la discusión de una reforma electoral que además le dé neutralidad a la próxima renovación de tres consejeros del IFE, señaló Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación.

En una conferencia conjunta para anunciar el seminario denominado Los temas críticos de la reforma electoral, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, sostuvo: Es necesario reflexionar sobre qué modificaciones hay que hacer al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para que el instituto pueda dar certeza en el recuento de los votos, si esto es necesario, y si lo puede hacer en el corto tiempo que establece la legislación.

Señaló también que el Congreso puede incluir un artículo transitorio en el Cofipe para que el IFE aplique en la elección presidencial de 2012 una prueba piloto del voto electrónico.

Por la tarde, en respuesta, el PRI en la Cámara de Diputados rechazó una reforma que se limite a definir más reglas a los comicios y sostuvo que defenderá su proyecto de reforma política, presentado en el periodo de sesiones pasado de manera paralela a la de los senadores, el cual plantea un cambio integral del poder público, no sólo lo electoral que es muy limitado.

El tricolor no cuenta con una postura única en materia de reforma política. En febrero pasado, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, presentó un proyecto que plantea, entre otros aspectos, la ratificación del gabinete presidencial por el Congreso, la relección de diputados y senadores, la reducción de 500 a 400 los integrantes de la Cámara de Diputados y la obligación de que el Presidente presente personalmente su Informe de gobierno.

En respuesta, los diputados del estado de México impulsaron un proyecto que considera la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso, la municipalización de las delegaciones del Distrito Federal, la constitución de una sexta circunscripción para votantes en el extranjero, e incluso reglas para el aprovechamiento del agua.

Ambos proyectos chocaron en San Lázaro. Diputados priístas promovieron en marzo pasado una carta que fue suscrita por más de cien integrantes del grupo para preguntar al coordinador Francisco Rojas por qué debía presentarse un proyecto distinto al de los senadores.

Luego de dos semanas de discusiones internas, en las que prevaleció lo anterior, César Augusto Santiago presentó en tribuna las propuestas de los diputados. Ambas iniciativas están en comisiones. Ayer, en entrevista después de la postura de Corral y Valdés, Santiago afirmó que una reforma política o electoral no obedece a una coyuntura o capricho. El abuso del presidente, que ha motivado una sanción del IFE, merece una amplia reflexión sobre el uso de la propaganda electoral en su conjunto.

Afirmó que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón han dado prueba de que no ejercieron su mandato de manera republicana, sino sectaria, tan es así que a ambos los han sancionado.

–El IFE argumentó que no podía sancionar los espots de Calderón –se le mencionó.

–Sí, aceptamos que se sancione al que no cumpla. Hay que estudiarlo; que no sea sanción penal, sino económica; requiere una reflexión muy larga.

Durante la conferencia, Javier Corral defendió que uno de los grandes pendientes es reglamentar facultades que han quedado en interpretación de los lineamientos del IFE, y que deben ser materia legal. Soy un convencido de que hace falta una legislación completa que reglamente el artículo 134 constitucional, precisamente para delimitar esa esfera de actuación en los procesos electorales, no sólo del presidente, sino de funcionarios de los tres niveles de gobierno, a través de sus instrumentos de comunicación social, mensajes y comunicación política que pueden ser encuadrados dentro de la propaganda o el proselitismo políticos, dijo.

Refirió que el seminario también tiene por objeto revisar el libro con el que el IFE informa al Congreso de sus conclusiones sobre la aplicación de la reforma electoral de 2007 en las elecciones de 2008 y 2009. En ese informe, el instituto resalta los obstáculos de las empresas de televisión para difundir los espots de los partidos en tiempos oficiales. Uno de los mayores problemas que enfrenta la reforma es la capacidad técnica y/o la decisión de esas cadenas para permitir el paso a los promocionales de las campañas locales en sus frecuencias de los estados, y el bloqueo intencionado de los espots en Sky y Cablevisión.

Además cuestionó la diversidad de casos de propaganda electoral en radio y televisión fuera de la pauta del IFE, “que desafiaron la interpretación de la reforma: infomerciales, propaganda integrada, informes de servidores públicos, propaganda velada en ‘entrevistas’, la contratación por ‘terceros’, etcétera”.