Ante las innumerables fallas del servicio de energía eléctrica que ocurren en la ciudad de México, observadas en los constantes apagones,  las cada vez más peligrosas descargas que afectan hogares, negocios, industrias y dependencia públicas, así como los constantes abusos por cobros indebidos a los usuarios, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un punto de acuerdo para atender esta situación y establecer un mecanismo de recepción, conteo y seguimiento de las quejas y denuncias que presenten los capitalinos.

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) difundieron ayer dicho punto de acuerdo, el cual fue aprobado en la sesión del 4 de agosto, luego de ser presentado por el diputado Víctor Hugo Romo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El referido punto de acuerdo señala que también se requerirá información a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acerca de las quejas presentadas por los usuarios y las respuestas y resoluciones a las mismas, de modo que se pueda dar seguimiento a esta problemática. Incluso se solicitará a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Distrito Federal un informe sobre las afectaciones económicas y de inversiones que ha causado no solucionar a fondo la prestación del servicio público de energía eléctrica en la ciudad de México.

Sin embargo, el punto central es que se instruye a la oficialía mayor de la Asamblea Legislativa para que establezca un sistema de recepción de quejas por Internet y vía telefónica, acerca de las diversas irregularidades y quejas que se están generando sobre el servicio público de energía eléctrica, a fin de que los diputados puedan tener información clara sobre el problema, atender las peticiones de gestión y dar adecuado seguimiento, así como  proponer soluciones de fondo.

También plantea solicitar a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal que informe respecto de las condiciones de riesgo que pudiera haber para los usuarios de esta ciudad, así como de los accidentes de los que tenga conocimiento o que se hayan detectado y que estén relacionados con el servicio de suministro de energía eléctrica. De igual modo, de las medidas preventivas y correctivas y de las penalizaciones derivadas de estos hechos.

Lo anterior a fin de determinar efectivamente las zonas de riesgos para los usuarios y conocer en detalle los accidentes que se han generado por la participación de empresas y trabajadores contratistas en la prestación del servicio.

El daño colateral

Desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la atención del conflicto se centró en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores; sin embargo, “se dejó de lado un aspecto de gran importancia: las afectaciones que están sufriendo los usuarios domésticos, empresariales (comercio, industria y servicios), que se encuentran expuestos no sólo a las constantes fallas del servicio, sino a situaciones de riesgo, como han sido los estallidos en registros del Centro Histórico, y otros accidentes graves debidos a la impericia de las empresas contratadas por la Comisión Federal de Electricidad.

Además de las variaciones de voltaje, la carencia de una atención oportuna a las interrupciones y las reparaciones defectuosas. Por ello, un grupo de jubilados del SME, encabezado por Antonio Guadarrama Saucedo, se entrevistó con el diputado Víctor Hugo Romo para revisar ese asunto.

La propuesta del diputado solicita al Gobierno del Distrito Federal que por medio de las distintas dependencias intervenga ante las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas pertinentes, afin de garantizar la prestación del servicio, en condiciones de legalidad, eficiencia y oportunidad, dado que esta entidad resultó afectada por la extinción de Luz y Fuerza del Centro.