Ex braceros realizaron nuevamente una manifestación frente a las oficinas del abogado Porfirio Martínez González, a quien entregaron 3 millones de pesos para que realizara las gestiones legales necesarias para recuperar 10 por ciento de sus salarios que durante casi 20 años aportaron a un fondo de ahorro cuando trabajaron en Estados Unidos, hace más de cuatro décadas.

En entrevista, Ventura Gutiérrez, presidente de la Asamblea Nacional de Adultos Mayores del Proyecto Braceroproa, indicó que, pese a que al litigante se le entregó dicha cantidad en pago por sus servicios, Martínez González no cumplió lo acordado.

Por esa razón, ayer, a partir de las 11 de la mañana, los ex braceros cerraron la calle Independencia, ubicada a una cuadra de la Alameda. Ventura Gutiérrez comentó que Martínez González recibió 200 pesos de cada uno de los 16 mil ex migrantes que solicitaron sus servicios legales, pero sólo elaboró 4 mil escritos administrativos. En ellos, criticó, se incluyó por ser hijo de un migrante.

El abogado, por conducto del Correo Ilustrado de este diario, negó que haya cometido fraude en perjuicio de los ex braceros, originarios de diversos estados y algunos residentes en Estados Unidos, y aseguró que hoy, a las nueve de la mañana, se iba a reunir con los inconformes en la Ciudadela.

Ese encuentro, explicó Gutiérrez, no fue aceptado por los ex braceros. Adelantó que tras una junta que tendrán los ex trabajadores, el miércoles próximo, verán al abogado. Expuso que en esa reunión determinarán si interponen una demanda contra él por fraude y abuso de confianza.

Gutiérrez se negó a hablar de fraude, pues dijo que ello corresponderá determinarlo a la justicia. Eso, abundó, si se interpone la demanda. Por lo pronto, indicó que ya contrataron a otro litigante, Javier Pedro Rodríguez, de Morelia, quien llevaba los juicios sucesorios durante la administración de Cárdenas Batel en dicho estado.

Insistió en que Martínez González no hizo ningún trámite en favor de las 12 mil personas. Además, no llevó a conclusión el trámite que comenzó en favor de los otro 4 mil.

Más de 2 millones y medio de braceros, entre 1942 y 1964, fueron contratados para trabajar en el campo y en el sector ferrocarrilero en Estados Unidos. Durante todos sus años de labores les descontaron 10 por ciento de sueldos para crear un fondo, supuestamente con el propósito de comprar maquinaria que se les iba a entregar cuando regresaran al país. Los bancos estadunidenses que recolectaron ese dinero lo transfirieron a entidades bancarias mexicanas y nunca llegó a nosotros. Se quedó en los bolsillos de presidentes y políticos, comentó Gutiérrez.