El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, aseguró que desde hace años existe narcoterrorismo en México y agregó que reconocerlo implica, conforme a lo que establece el Consejo de Seguridad de la ONU, que se congelen los fondos a dichos grupos criminales. Esbozó que tal vez en ese detalle se encuentre la explicación de la negativa gubernamental a reconocer el fenómeno.

Aparte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que el primer paso para superar un problema es identificar a los males por su nombre, y en tal sentido consideró que el gobierno debe asumir que el narcoterrorismo opera en el país.

Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones institucionales de la CEM, indicó que los estallidos de coches bomba hace algunas semanas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el jueves pasado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hacen evidente esta situación.

El estallido de un coche bomba es una acción terrorista aquí y en cualquier otro país. Debemos llamar a las cosas por su nombre. Mientras México siga simulando, las cosas no mejorarán.

Vera López precisó que desde hace tiempo los grupos del crimen organizado en México han empezado a utilizar métodos terroristas para imponerse a sus contrincantes, a la ciudadanía y al Estado mismo. Y recordó el ataque de 2008 con explosivos en contra de habitantes que celebraban las fiestas patrias en Morelia, Michoacán, las masacres en los centros de rehabilitación para adictos o en reuniones sociales de jóvenes.

En un artículo de opinión difundido por la oficina de comunicación del obispo, denominado ¿Por qué el gobierno elude hablar de narcoterrorismo?, deja entrever que quizás la respuesta está en lo que establece la resolución del Consejo de Seguridad contra los grupos terroristas, la cual se ampara en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

En dicha resolución el consejo decide que a toda organización que sea denunciada ante las Naciones Unidas por parte de cualquiera de los estados miembros como grupo terrorista, se le congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión, así como a todos sus asociados.

También en torno a los recursos del crimen organizado, Adalberto Santana, experto en drogas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la administración federal debe dirigir su guerra hacia el área económica y financiera, de manera estructurada y a largo plazo. Advirtió que la política de combate al narcotráfico por la vía armada desde hace más de tres lustros ha demostrado nimios resultados, y un aumento y recrudecimiento de la violencia en amplias extensiones del territorio nacional.

En Oaxtepec, Morelos, Federico Ovalle Vaquera, líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), señaló que ante el avance de la criminalidad, la corrupción y la pobreza en el país, urge un nuevo pacto social y modificar la relación existente entre gobernantes y gobernados.

Durante el 12 congreso nacional ordinario de la CIOAC el también diputado dijo que México atraviesa por una crisis política de grandes dimensiones y que se debate en medio de un clima generalizado de violencia e inseguridad, lo cual ha dejado más de 30 mil muertos, muchos de ellos inocentes, decenas de miles de secuestrados y extorsionados.