or treceava vez consecutiva se llevó a cabo el encuentro nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, con la participación de trabajadoras provenientes de Jalisco, Veracruz, Morelos y el Distrito Federal, quienes analizaron la violación de sus derechos, el hostigamiento de las autoridades, el cierre de sus fuentes de trabajo y la fabricación de delitos en su contra, entre otras problemáticas del gremio en cada uno de esos estados.

La Red se declaró en alerta roja nacional por la pretensión de los gobiernos municipales, estatales y federal de despojarlas de sus fuentes de trabajo para abrirle paso a proyectos inmobiliarios con el argumento de combatir la trata de personas; así como por la intención de criminalizar el trabajo de integrantes de esta agrupación en el Distrito Federal.

Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera, organización que promueve la salud sexual y los derechos de las trabajadoras, declaró que se están cerrando fuentes de trabajo en Tlalpan, La Merced y Buenavista en el DF, situación que se repite en Orizaba, Guadalajara y Jojutla, con el pretexto de erradicar la trata de personas y la prostitución infantil. El problema, explicó, es que mientras se cierran unos lugares, se abren otros al amparo de la corrupción.

María, del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, denunció la forma en la que operan las redes de explotación sexual en Orizaba en complicidad con las autoridades locales y ejemplificó con un caso en el que se levantaron cuatro denuncias ante el Ministerio Público contra un explotador local sin que nadie la haya detenido y, por el contrario, las autoridades conminaron a la denunciante a abandonar el estado.

Por su parte, trabajadoras sexuales de Jojutla, Morelos, explicaron que en su localidad las autoridades les exigen que se trasladen a la zona de tolerancia y que ante su negativa padecen la violencia de las autoridades. Dijeron también que les han impuesto el control sanitario semanal a un costo de 300 pesos.

Durante el encuentro se denunció que las trabajadoras sexuales son acusadas falsamente de robo por policías y ministerios públicos capitalinos, con el fin de extorsionarlas y retirarlas de su lugar de trabajo. Puntualizaron que las mordidas para que no se las lleven oscilan entre 8 mil y 25 mil pesos. Bertha, trabajadora sexual de Guadalajara, sintetizó en una frase el espíritu del encuentro: Ya estamos hartas de tanta injusticia y de los abusos de autoridad.

Las participantes se sumaron a la campaña Miles de rabias, un solo corazón, en solidaridad con las comunidades zapatistas y con otras resistencias que se dan a lo largo y ancho del país. (Con información del taller de periodismo comunitario Aquiles Baeza.)

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