Silao, Gto., 5 de agosto. El caso de las seis mujeres que sufrieron abortos espontáneos y que purgan sentencias por homicidio, está reiteradamente aclarado, aseguró el gobernador panista de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez: No existen presas por interrupción de embarazo ni internas incomunicadas.

Asimismo, acusó al Centro Las Libres –que divulgó la situación– de buscar la satisfacción de intereses al encabezar la defensa de mujeres campesinas de comunidades pobres de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. Si hay otros intereses de organizaciones de mujeres, los respeto, no los comparto, no tienen razón, porque no tienen sustentos jurídicos al respecto, dijo.

En conferencia de prensa, el gobernador dio a conocer que la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Raquel Barajas Monjarás, le informó de primera mano que no existen expedientes de convictas por interrumpir su embarazo.

A pesar de que se difundió el caso de Alma Yareli Salazar, liberada por el STJE luego de purgar tres años de la sentencia de 27 años y seis meses de prisión que se le impuso a partir de que se le acusó de abortar e incurrir en homicidio en razón de parentesco, el gobernador insistió en negarlo.

Las mujeres presas están sentenciadas por infanticidio u homicidio en razón de parentesco y han perdido sus casos, incluso en una tercera instancia, argumentó Oliva Ramírez. El gobierno del estado está abierto. Hay una queja interpuesta por legisladoras de otros estados que vinieron a Guanajuato, y fueron a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estamos abiertos, afirmó.

Agregó que giró la instrucción para que la Secretaría de Seguridad Pública abra los espacios para que fluya la información, porque no tenemos nada que esconder.