Los trabajadores asegurados cuyos salarios mensuales oscilen entre 11 mil y 40 mil pesos pueden terminar pagando, junto con las empresas para las que laboran, el costo de una posible reducción en el cálculo para el pago de las pensiones, en caso de que así lo decida el consejo consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalaron abogados expertos en materia de seguridad social consultados por La Jornada.

El laboralista José Carlos García, del despacho de Consejeros y Auditores en Seguridad Social, señaló que la posible modificación en el cálculo de las pensiones a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una salida que pretende obtener recursos para afrontar la crisis financiera del IMSS, pero es inconveniente, preocupante y francamente indignante.

Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y especialista en derecho del trabajo, sostuvo que en el caso de las pensiones no se puede trastocar un derecho constitucional adquirido por los trabajadores. Agregó que la jurisprudencia de la Corte, que borra derechos en materia de pensiones de un millón 200 mil trabajadores que cotizan al IMSS, es ilegal porque se sustentó en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social que fue derogado en 1997.

Ricardo Martínez Rojas, doctor en derecho laboral y abogado experto en litigios contra el IMSS, apuntó que la jurisprudencia de la Corte es absolutamente inequitativa, porque “con la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de 1997, en la rama de retiro, cesantía y vejez, se inicia con el pago de 15 veces el salario mínimo, hasta llegar a 25.

“¿Que quiere decir esto? Que ya todos los trabajadores que cotizan en el IMSS, tanto en la vieja ley (de 1973) como en la nueva han estado pagando desde 15 hasta 25 salarios mínimos, pero ya todos en la actualidad han aportado 25 minisalarios.

¿Dónde está lo inequitativo? El trabajador, a partir de 1997 ya no paga 10, sino más salarios mínimos; de ninguna manera es justo y equitativo que le den menos de pensión cuando pagó más.

Carlos García refirió que es “francamente indignante que el IMSS –creado para proteger a los trabajadores–, de la mano de la Suprema Corte, pretenda golpear a los potenciales pensionados al calcular el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas –para efectos del cálculo de las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada– con el tope de 10 salarios mínimos que establecía el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973”.

Destacó que “es incuestionable que con esa determinación de la Suprema Corte se viola una de las premisas fundamentales en el esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social, que señala que el salario base de cotización debe ser también base para la determinación de los montos de las diferentes prestaciones en dinero que otorga la ley a las trabajadores asegurados.

El IMSS, que ha cobrado cuotas con tope de 15 a 25 veces el salario mínimo en el periodo de 1997 a 2007, ahora pretende calcular las pensiones con un tope de 10 salarios mínimos, lo cual resulta no sólo ilegal, sino hasta inmoral y carente de ética.