En la mesa de diálogo entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) la discusión central será si existen alternativas para dar empleo a los 17 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que se mantienen en resistencia.

En su propuesta, entregada en la mesa de la Secretaría de Gobernación, el sindicato tomó como base los requerimientos operativos y de personal para la zona central del país diseñados por la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con base en ello, los electricistas serían integrados, básicamente, en el área de distribución, lo cual alienta al SME porque la mayoría de quienes no han aceptado su finiquito es personal operativo.

Por ejemplo, los linieros de torres de alta tensión representan el bloque más compacto, con el menor número de bajas después de 10 meses de la extinción de LFC, lapso durante el cual han aceptado su liquidación, bajo la forma de renuncia voluntaria poco más de 28 mil trabajadores de una plantilla original de 44 mil.

El caso de los linieros es especial: de un grupo de mil 200, sólo se liquidaron 150, es decir, la desbandada hacia el finiquito no fue del personal operativo, sino de las áreas administrativas con un retiro de 85 por ciento. En este sector es donde, además, se manifestó el mayor apoyo a Alejandro Muñoz, del grupo antagónico al líder Martín Esparza.

De acuerdo con un análisis del SME, del grupo de 17 mil 300 en resistencia (hay que restarle algunos cientos que aceptaron su renuncia voluntaria en la tercera etapa de liquidación ofrecida por el gobierno) hay 9 mil 282 trabajadores operativos, 5 mil 400 de labores administrativas diversas (ahí están incluidos ingenieros y dibujantes, por ejemplo) y el resto, unos 2 mil 589, son del área comercial de lo que fue LFC.

Del grupo operativo hay una subclasificación en la que se precisa que hay 800 electricistas de líneas aéreas (adicionales a los de alta tensión), 812 de las zonas foráneas y 340 de la red aérea. El retiro de trabajadores de LFC ocurrió principalmente en las oficinas, subestaciones y otras instalaciones ubicadas en el Distrito Federal, toda vez que de las divisiones foráneas, operadores de los municipios circundantes a la capital, el retiro fue en menor porcentaje; de 8 mil empleados, quedan 4 mil aproximadamente.

El SME insiste en adoptar la figura del patrón sustituto, u otra similar, pero ligada a recuperar el empleo en el sector público, fundamentalmente.

Una opción es que la CFE nos contrate para operar una estructura que ya existe. La mayoría de nuestros compañeros estarían entonces en el área de distribución de comisión, señaló un dirigente sindical consultado.

Entre los argumentos del SME figura que la CFE debe contratarlos porque es esta empresa la que opera actualmente lo que fue el área de influencia de LFC.

Como se ha difundido, el día de la extinción del organismo, el 11 de octubre pasado, la Secretaría de Energía envió al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, el oficio 300.250/2009 en el cual le indica que solicitó al organismo liquidador ponga inmediatamente a disposición de la CFE los bienes de la empresa que se extingue, así como los derechos accesorios y asociados a dichos bienes.

Si bien la Suprema Corte de Justicia dio validez al decreto de extinción, queda pendiente el litigio respecto a los derechos laborales y una eventual reinserción o reinstalación. Al respecto, sindicato y Secretaría del Trabajo coinciden en que actualmente hay más de 30 mil demandas por despido injustificado que analiza la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El problema jurídico que aprecia el gobierno, comentaron fuentes del SME, es que ese grupo de demandantes está integrado por miles de quienes ya cobraron su finiquito de renuncia voluntaria, pero también de otros tantos miles que se niegan a hacerlo.

La mesa de diálogo se anunció el pasado 22 de julio y de inmediato el SME levantó la huelga de hambre colectiva que mantenía desde hacía tres meses en el Zócalo capitalino. Derivado de ello, el lunes 26 de julio se realizó la primera reunión de trabajo de esa mesa, en la cual se detalla que el objetivo será explorar y encontrar alternativas laborales en el sector eléctrico, conforme a derecho, a los objetivos de la política pública que orientan al sector y, en su caso, a la disponibilidad presupuestal.

Los trabajadores buscan además, de manera alterna, avanzar en un objetivo trazado desde antes del decreto de extinción de LFC: formar una empresa de telecomunicaciones para dar servicio de fibra óptica.