La determinación dividida del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de otorgarle al Instituto Federal Electoral (IFE) la facultad de retener 13.1 millones de pesos de las prerrogativas al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de julio es un precedente funesto, pues la decisión por un voto refleja la inconsistencia de criterios para dar entrada a instancias judiciales en temas electorales, lo cual rebasa lo establecido en la legislación y pone en riesgo el financiamiento a los partidos, afirmó el representante del sol azteca ante el IFE, Rafael Hernández.

Con esta decisión, el TEPJF allanó el camino para el cumplimiento de la resolución de un juicio mercantil entre el PRD y empresas ligadas a Carlos Ahumada que fueron irregularmente contratadas por el ex oficial mayor José Ramón Zebadúa, durante la gestión de Rosario Robles como presidenta del partido.

En su momento, el juez ordenó retener 13.1 millones de pesos para liquidar un pagaré que el partido adeudaba por concepto de bienes y servicios otorgados.

Hernández lamentó que sólo por el voto de calidad de la magistrada presidenta, María del Carmen Alanis, se haya destrabado una votación empatada a tres (un magistrado está de vacaciones) y se haya adoptado un criterio que, dado el caso, podría poner en riesgo la equidad en la participación de los partidos. Ya en el Consejo General del IFE se habló de lo que sucedería si un juez hiciera lo mismo con cantidades mayores en campañas electorales de una contienda muy competida.

Hernández dijo que lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sólo otorga facultad al IFE de retener dinero de las prerrogativas de los partidos cuando éstos hayan sido sancionados por esa institución. No hay en la legislación ningún otro supuesto, aunque ahora este criterio del TEPJF abre la puerta a que cualquier instancia judicial instruya al IFE de manera similar.

El descuento de 13.1 millones de pesos se agrega al pago de otro pagaré que fue liquidado por el PRD en diciembre pasado, este de 11 millones de pesos, por la misma vía de la retención, que en su momento no fue recurrido por el PRD. Más aún: las empresas ligadas a Ahumada tienen en su poder dos pagarés más que suman 12 millones de pesos, pero que aún se encuentran en litigio judicial.

Conforme con la explicación de Hernández, la dirigencia perredista no ha reconocido la deuda de 36 millones de pesos irregularmente contraída por Zebadúa, contra quien iniciaron un proceso judicial por manejos fraudulentos de las finanzas partidistas. De hecho, ni en la entrega-recepción administrativa del partido –al término de la gestión de Robles– ni en los informes de gastos ordinarios entregados al IFE en su momento, constaba la existencia de esos pagarés.

Fue hasta que las empresas demandaron por la vía judicial que el PRD conoció la existencia de esta deuda contraída presuntamente por el suministro de gorras y cachuchas para el proceso electoral de 2003. Extrañamente, subrayó Hernández, las cuatro empresas de Ahumada están domiciliadas en Oaxaca, donde no existen oficinas como tal que avalen una empresa proveedora de esos insumos; sino que sólo hay una razón social ligada a la industria de la construcción.

A pesar de ello, lo importante en el recurso ante el TEPJF no era el destino del juicio mercantil, porque se estaba en el supuesto de que eso corría por otras vías. Nosotros impugnamos la facultad otorgada al IFE de retener los recursos que le pertenecen al PRD. Lamentablemente los magistrados le confirieron al instituto facultades más allá de la ley, con un nuevo criterio que han introducido y que sienta un gravísimo precedente para el financiamiento de los partidos, agregó Hernández.