La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aplicará una auditoría especial a las secretarías del Trabajo, Energía, de la Función Pública y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar que el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro se haya conducido en apego a la norma y los procedimientos constitucionales.

El órgano fiscalizador consideró necesario emprender la revisión de los actos y decisiones de los funcionarios encargados de las dependencias relacionadas con la extinción de la empresa eléctrica por la importancia del hecho, y el resultado social que implicó la pérdida del empleo a 44 mil personas.

De tal forma la ASF iniciará el trabajo de análisis y confrontación de hechos relacionados con la decisión presidencial de dar por terminadas las actividades y el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro.

La primera dependencia que será revisada a través de una auditoría de desempeño será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instancia que emprendió la estrategia gubernamental para extinguir la citada empresa.

Posteriormente en el mismo proceso, tocará a la Secretaría de Energía ser auditada, igualmente con una fiscalización de desempeño, porque desde ahí se dio la anuencia para llevar a cabo la desaparición de Luz y Fuerza. De la misma forma la Comisión Federal de Electricidad será revisada por su participación en el procedimiento.

La última instancia, objeto de revisión de la ASF, será la Secretaría de la Función Pública, porque a pesar de los alegatos legales que rechazaron la liquidación de la empresa, dio el visto bueno a la operación que culminó con el despido de los 44 mil empleados.

También la Suprema Corte de Justicia de la Nación será revisada en su gestión financiera, mientras que el Consejo de la Judicatura en el ámbito de impartición de justicia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será examinado igualmente en su administración.

Una de las pocas auditorías especiales que llevará a cabo la ASF será sobre las actividades y funcionamiento de la Iniciativa Mérida. Serán revisadas las actividades y desempeño de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, Presidencia de la República, Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.

También la Presidencia de la República será objeto de una auditoría de tipo financiero y de cumplimiento, pues se revisará su gestión administrativa y contable de 2009.