No se concretó la advertencia del coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Lucatero, de que este jueves ingresaría una cuadrilla de trabajadores a La Malinche para comenzar los trabajos previos a la demolición de las viviendas ubicadas en los 51 predios expropiados con motivo de la supervía poniente.

Los vecinos que se oponen al proyecto vial y que desde el lunes permanecen en plantón refirieron que dicha amenaza incumplida es un claro ejemplo de la manera en que han actuado las autoridades: nos quieren amedrentar, se han negado a un diálogo real y tratan, sin éxito, de dividirnos.

El escenario del enfrentamiento –que cobró mayor fuerza el miércoles por la tarde debido a la advertencia hecha por Lucatero– provocó que la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reforzara su presencia.

El tercer visitador del organismo, Luis Jiménez Bueno, acudió ayer a las 6:30 horas y desde hace varios días hay una presencia permanente de visitadores adjuntos, quienes reportan cualquier circunstancia que ocurra.

Si bien el riesgo de una confrontación permanece, las medidas precautorias emitidas por la CDHDF y que estuvieron dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública, la delegación Magdalena Contreras y el gobierno central han funcionado, pues ya no se han recibido nuevas denuncias por presuntos abusos policiacos.

Organizados en comisiones y con el convencimiento de que participan en un movimiento de resistencia pacífica, los habitantes de La Malinche se volverán a reunir esta tarde con Lucatero. El objetivo es que los vecinos den a conocer su posición en torno de los documentos que les entregó el representante del gobierno central el miércoles por la tarde.

Rafael Martínez, habitante de Rosa Norte, señaló que el conflicto va más allá de si se realiza la demolición de las viviendas, que están abiertos al diálogo y que las decisiones autoritarias del gobierno han impedido el entendimiento entre ciudadanos y servidores públicos.

Otra de las preocupaciones manifestadas por los habitantes de La Malinche es que las autoridades, con el objetivo de desvirtuar su movimiento, intenten criminalizar sus actos de protesta, después de que el lunes se presentó el diputado priísta Cristian Vargas e intentó prender una fogata, pero los vecinos se le prohibieron. El miércoles algunas versiones relacionaron de manera errónea a su movimiento con la quema de dos máquinas en la zona de Los Dinamos.