Barcelona, 28 de julio. El Parlamento catalán prohibió hoy las corridas de toros en esta próspera región del noreste de España a partir de 2012, en una decisión que fue considerada un ataque a la libertad por los amantes de esa fiesta y un paso adelante por los antitaurinos.

Los legisladores aprobaron con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones la ampliación de la ley catalana de protección de los animales para prohibir las corridas de toros.

El parlamento decidió aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por 180 mil firmas y presentada en julio de 2009 por los opositores a la tauromaquia, con la cual esta región española se convierte en la segunda que prohíbe la fiesta, después que en 1991 lo hicieron las islas Canarias.

Escuchen el grito de una sociedad que se replantea sus propias tradiciones, afirmó este miércoles ante los diputados catalanes la portavoz de la plataforma “Prou! (¡Basta! en catalán)”, promotora de la ILP, Anna Mulá, mientras en el exterior del Parlamento se habían congregado decenas de manifestantes a favor y en contra de las corridas de toros.

Los aficionados a la fiesta pedían libertad para elegir, mientras los adversarios reclamaban el fin de la tortura de los animales.

Se está cortando de un hachazo la libertad de la gente de allí y de todo el mundo a disfrutar de un espectáculo único con raíces culturales y tradicionales, que forma parte de nuestra forma de ser; es un auténtico atentado contra la libertad, afirmó tras la votación el diestro Manuel Jesús El Cid.

Su compañero Enrique Ponce también consideró la decisión una coacción a la libertad de los seres humanos, precisamente por quienes hace 40 años abogaban por ella.

Sin embargo, para los detractores de la fiesta el Parlamento catalán acabó con un espectáculo obsoleto y que ensalza la tortura.

Esta victoria significa una puerta abierta para lograr la abolición de la tauromaquia en todo el mundo, consideró Aida Gascón, directora de la sección española de la asociación de defensa de los animales, AnimaNaturalis.

Las corridas son un espectáculo de la tortura, afirmó durante su intervención el portavoz del grupo verde Iniciativa Per Catalunya-Els Verds (ICV-EUIA), Francesc Pané.

ICV, junto a los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ya había anunciado que votaría a favor de la prohibición de la fiesta.

Frente a ellos, los legisladores conservadores del Partido Popular (PP) y del partido Ciutadans habían anunciado que votarían en contra de la ILP, por lo que la decisión final quedó en manos de los diputados del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y de la coa-lición nacionalista Convergencia i Unió (CiU).

La mayoría de diputados del Partido Socialista de Catalunya, que junto a ERC e ICV forman el gobierno tripartito, votaron contra la prohibición, mientras los de CiU lo hicieron en favor.

Aunque el Partido Popular intentó presentar la votación como un nuevo enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España, el presidente regional catalán, José Montilla, quien sufragó contra la prohibición, se apresuró a asegurar que se equivocan los que quieren usar la decisión como termómetro de las relaciones entre Cataluña y España.

A pesar de que la votación tuvo lugar en un momento de crispación, después que a finales de junio el Tribunal Constitucional español rechazó una parte del nuevo estatuto de autonomía ampliado de esta región, los debates entre pro y antitaurinos evitaron entrar en aspectos políticos.

Partidarios y detractores de la fiesta se limitaron a defender la tradición catalana por los toros o la defensa de los animales, decía el lunes el diario Público.

Sin embargo, mientras el gobierno español se limitó a asegurar que respeta la decisión catalana, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ya anunció la presentación en el Parlamento nacional de una iniciativa “en defensa de la libertad –algo tan elemental como eso– para que la fiesta de toros sea declarada fiesta de interés general y cultural”.

También, el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Fiesta, Luis Corrales, aseguró que recurrirá la nueva ley del parlamento ante el Tribunal Constitucional español.