Washington, 28 de julio. Activistas saludaron este miércoles la decisión de la juez federal que bloqueó parcialmente la polémica ley antinmigrantes de Arizona, pero exigieron al gobierno y al Congreso resolver el problema de fondo: reformar el sistema migratorio en Estados Unidos.

La decisión de la juez federal de Phoenix, Arizona, Susan Bolton, de bloquear las partes más sensibles de la ley SB 1070 –que por primera vez declaraba la inmigración ilegal como delito estatal en Estados Unidos– es un bienvenido e importante paso, coincidieron grupos de activistas.

El sistema judicial fue obligado a intervenir e imponer supervisión adulta en respuesta al comportamiento irresponsable y divisivo de los funcionarios electos que actualmente gobiernan Arizona, indicó en un comunicado el director de la organización America’s Voice, Frank Sherry.

La juez Bolton ordenó suspender la disposición de la ley SB 1070, promulgada en abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer para que entrara en vigor este jueves, que obligaba a la policía a revisar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de estar en el país ilegalmente.

El gobierno de Barack Obama impugnó la ley alegando que el gobierno federal es el único encargado de velar por el cumplimiento de las leyes migratorias.

Varias organizaciones de defensa de los latinos inmigrantes también presentaron en tribunales sus propias demandas contra esa legislación.

“Seguimos considerando que la ley Arizona es equivocada e inconstitucional, y la decisión de hoy nos da la razón”, señaló el director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani.

La juez Bolton hizo lo correcto al bloquear costosas normas que violarían los derechos civiles de todos los habitantes de Arizona y sus visitantes, y sometería a los latinos de Arizona a la discriminación y al racismo, dijo la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos.

El congresista demócrata Luis Gutiérrez, autor de un proyecto de ley de reforma migratoria, advirtió que ahora el gobierno federal debe reformar las leyes para que haya reglas claras que inmigrantes, empleadores, gobiernos locales y estatales puedan seguir.

La migración ilegal no será resuelta con leyes estatales en este país donde habitan 11 millones de indocumentados, advirtió Sherry, quien dijo que el Congreso y el gobierno de Barack Obama deben esforzarse y promulgar una política migratoria nacional, integral y coherente.

Obama ha defendido una reforma migratoria que abra el camino para legalizar a los indocumentados, pero la Casa Blanca admite que no cuenta con los votos para aprobarla en el Congreso, donde iniciativas similares fracasaron en 2006 y 2007.