or si no bastaran los daños que en el campo y las ciudades ocasiona la delincuencia, ahora la inseguridad está presente hasta en las áreas naturales protegidas. Según el titular de la comisión responsable de administrarlas, Luis Fueyo, los grupos criminales están ocupando algunas áreas, con el consecuente daño a su riqueza biológica y poniendo en riesgo la vida de los encargados de vigilar un patrimonio de enorme importancia para el país. Es un problema en crecimiento, especialmente en el norte dijo Fueyo. Dio a entender que hay espacios en poder de la delincuencia que necesitan recuperarse y, de paso, garantizar la seguridad del personal que se encarga de su vigilancia.

Cada año México cuenta con más áreas protegidas que por la riqueza natural y humana que encierran deben conservarse. Es una tarea que comenzó en 1876 al establecerse como parque el menguado Desierto de los Leones por el aporte de agua y oxígeno que brinda a la capital. Luego, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, se crearon cerca de 80 y es en las décadas recientes cuando su número vuelve a incrementarse. Hoy son 174 de distintas categorías, mismas que cubren más de 25 millones de hectáreas. Las hay en mar y en tierra, en el sur (Sian Ka’an, Calakmul y Ría Lagartos), en el centro (la Mariposa Monarca, La Malinche) y el norte (El Vizcaíno y Bahía de los Ángeles).

Pero las áreas naturales no disponen todavía de suficientes recursos monetarios ni planes para su manejo óptimo, de personal de vigilancia y apoyos para la investigación. Tampoco para evitar la invasión y el daño que ocasionan talamontes, ganaderos, traficantes de la flora y la fauna o de personas vinculadas con la delincuencia. Agreguemos los conflictos por la tenencia de la tierra que surgen con los grupos humanos que viven en algunas áreas naturales desde antes de que fueran decretadas como tales.

Una invasión reciente ocurrió en El Triunfo, Chiapas, joya natural de más de 100 mil hectáreas ubicadas en la Sierra Madre Oriental y que funciona como esponja que recoge la humedad proveniente del océano Pacífico. Es, además, donde viven los últimos ejemplares del quetzal, el pavón y el tapir. En esa extensión llueve 200 días al año y aporta 10 por ciento del agua del país, misma que alimenta al río Grijalva y sirve para dotar del líquido a poblaciones, áreas agrícolas e hidroeléctricas.

Pero El Triunfo lleva décadas amenazada por las invasiones, pese a que no es el mejor sitio para cultivar o vivir, porque aquí lo valioso es el agua, la fauna y la flora, el ser uno de los últimos reductos del bosque mesófilo de montaña. Y, por supuesto, el trabajo de los científicos. En agosto del año pasado, integrantes de la familia Siguinich invadieron el campamento ubicado en la zona núcleo de la reserva, alegando ser dueños de esas tierras, sin probar tal cosa. Tiempo atrás fueron detenidos varios Siguinich por cultivar allí mariguana. En la nueva invasión participaron 40 personas más, las cuales talaron varias hectáreas para sembrar maíz, que aquí rinde pobres cosechas.

Casi un año tardaron las instancias oficiales en lograr que los invasores abandonaran voluntaria y pacíficamente la reserva, y luego de innumerables denuncias del caso ante las autoridades competentes. Permitir que se quedaran hubiera sentado un precedente muy negativo, porque muchos más invasores llegarían de las áreas cercanas. Ocurre que muchos de quienes invaden las reservas o talan sus árboles carecen de empleo o de tierra para subsistir. A éstos se suman grupos patrocinados por narcos o ganaderos que desean sembrar estupefacientes o ampliar sus potreros.

Y mientras El triunfo parece estar a salvo, sigue la tala en el Parque Nacional La Malinche, que comparten los estados de Tlaxcala y Puebla. Ya deforestaron unas 22 mil hectáreas, la mitad de la extensión del parque, para asentamientos humanos, agricultura y ganadería de bajo rendimiento. Gobiernos van y vienen con sus promesas de conservar y reforestar La Malinche, pero continúa la destrucción con sus efectos negativos de erosión, menor humedad y lluvia y más contribución al cambio climático, contra el cual los funcionarios dicen estar en lucha permanente.