a Procuraduría General de la República (PGR) afirmó ayer que la masacre de 17 personas perpetrada el pasado 18 de julio en la quinta Italia Inn, en Torreón, en la que también fueron lesionadas otras 18, fue cometida por prisioneros del Cereso 2 de Gómez Palacio, Durango, quienes, a decir de la vocería de la dependencia, son responsables también de otros asesinatos colectivos cometidos en el curso de este año en la ciudad coahuilense: por las noches, “los reclusos cumplían venganzas por encargo utilizando vehículos oficiales y las armas de los custodios para las ejecuciones”.
Esta revelación es indicativa del abismo en el que se encuentran las instituciones públicas encargadas de procurar e impartir justicia y de garantizar la seguridad pública. En cualquier país, el control de las cárceles por el Estado es una condición básica y primaria para la vigencia de la legalidad, no sólo porque en ellas se castigan, conforme a derecho, las violaciones a las leyes, sino también porque en ellas se sitúa a los individuos peligrosos para la sociedad. Si las prisiones escapan al imperio de la ley, resulta imposible hacer efectivo el principio de readaptación social y se niega a la población la seguridad frente a quienes la amenazan.
Sin embargo, en el México actual el sistema penitenciario oscila entre una corrupción escandalosa, que garantiza libertad de acción a quienes no debieran tenerla, y prácticas y circunstancias violatorias de derechos humanos como cobro de servicios, venta de protección, desatención médica y tortura. Los motines que ocurren en las prisiones nacionales con frecuencia y violencia alarmantes son el síntoma inocultable del desastre en el que se encuentra el conjunto de establecimientos carcelarios en el país.
Por otra parte, la información proporcionada ayer por la PGR confirma la exasperante improvisación con la que se emprendió, hace tres años y medio, la guerra en curso contra la delincuencia organizada: con corporaciones policiales infiltradas por aquellos a quienes se pretende combatir, con aduanas incapaces de detener el abasto de armas a la criminalidad –desde pistolas hasta misiles y artillería ligera–, con un sistema financiero por el que pasa, con propósitos de lavado, el grueso de las ganancias de las actividades ilegales, con cárceles fuera de control oficial, sin una tarea previa de inteligencia y, por tanto, sin una idea clara de los desafíos a los que habría de enfrentarse el poder público.
Es claro que, en tales circunstancias, ganar una guerra como la emprendida por la administración calderonista es lisa y llanamente imposible: que la estrategia de correcciones sobre la marcha ha multiplicado el costo humano, social y material del empeño del gobierno y que la reprobación de la sociedad a una guerra que no va a ningún lado se incrementa en forma proporcional al crecimiento de su saldo negro: cerca de 25 mil muertos en tres años y medio, por citar sólo el dato más brutal.
La coordinación entre las instituciones de seguridad pública de los distintos niveles de gobierno debió haber sido, pues, un requisito previo y no una consecuencia de la cruzada en curso contra la criminalidad, y en ese contexto el control pleno sobre las prisiones habría debido ser una condición de arranque para la guerra contra la delincuencia organizada. El discurso oficial insiste en exigir a la ciudadanía que se comprometa en tal empresa, pero con hechos como el divulgado ayer por la PGR resulta poco probable, por decir lo menos, que la sociedad se involucre en un conflicto armado en el que los bandos se fusionan y confunden hasta el punto de que ciudadanos inocentes son masacrados por internos de una cárcel con el arsenal de los custodios y con vehículos oficiales.
En suma, el combate al crimen podrá ser una tarea muy cruenta, pero será, además, infructuosa en tanto no se emprenda antes el combate contra la corrupción en todas las dependencias gubernamentales, tanto en el ámbito nacional como en el de los estados y municipios. Porque, actualmente, ese fenómeno constituye la máxima debilidad del Estado ante la delincuencia.
