Ixtapaluca, Méx., 25 de julio. El gobierno municipal aplicó un cerco sanitario para evitar brotes de enfermedades entre la población afectada por el desbordamiento del canal de aguas negras Guadalupe Victoria. Este domingo autoridades locales y estatales distribuyeron cloro y cal, y aplicaron vacunas entre los residentes, sobre todo niños y personas de la tercera edad.

Además, familias apoyadas por personal del ayuntamiento siguieron limpiando viviendas inundadas. En patios y calles se amontonan muebles y enseres echados a perder.

El alcalde priísta Humberto Navarro de Alba adelantó que los gobiernos estatal y municipal crearán un fondo para resarcir daños a las familias que perdieron parte de su patrimonio.

Añadió que se han contado 136 domicilios anegados en 16 calles de las colonias El Molino, Emiliano Zapata y Ampliación Emiliano Zapata. Destacó que si bien ya se atendió la contingencia, los riesgos persisten porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dejó inconclusas obras hidráulicas preventivas.

Navarro de Alba anunció que el ayuntamiento presentará una denuncia penal contra la Conagua porque no puso en funcionamiento el túnel del canal La Compañía, por lo que las autoridades de Ixtapaluca no pudieron bombear las aguas hacia ese cauce, lo que provocó las inundaciones.

La Conagua respondió la noche del domingo en un comunicado que los anegamientos no tienen relación alguna con la puestra en operación del túnel de La Compañía, el cual funciona dentro del periodo de prueba desde la semana pasada.

El organismo añadió que el funcionamiento del túnel y la participación de personal de la Conagua en la zona evitaron que las inundaciones fueran mucho mayores.

En Nezahualcóyotl, vecinos afectados por las inundaciones de febrero, causadas por el desbordamiento de los ríos Los Remedios y La Compañía, se reunieron en la colonia Bosques de Aragón para definir los detalles de la querella que presentarán contra la Conagua por daños a su patrimonio. Unos mil 200 damnificados de los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco y Valle de Chalco consideran responsable al organismo federal. Rebeca Díaz Salazar, representante vecinal de Valle de Chalco, anunció que el bufete Loza Treviño y Asociados los representará legalmente.