Tlapa, Gro., 24 de julio. Defensores de derechos humanos del estado denunciaron la criminalización de la lucha social por los gobiernos federal y estatal, así como la incursión del Ejército y grupos paramilitares en sus comunidades, al concluir el foro Luchar para construir el amanecer de la justicia, que organizó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el 16 aniversario de su creación.

Luego de la plenaria en que se dieron a conocer las conclusiones de las cinco mesas de trabajo –con 300 participantes–, Luisa Pérez, representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, se comprometió a atender las denuncias que se documenten por violaciones a los derechos humanos y reconoció la labor de los defensores de esas garantías.

A la ONU, dijo, le preocupan “las denuncias de violaciones a los derechos, entre ellas los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce –ejecutados en febrero del año pasado–; lo mismo del defensor Raúl Hernández, preso en Ayutla de los Libres. Nosotros solicitamos una investigación efectiva para sancionar a los presuntos responsables y demandamos que el juicio penal sea justo; también estaremos pendientes del cumplimiento de la sentencia en el caso de las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú –violadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002–, entre otros casos”.

En la clausura del acto, Abel Barrera Hernández, coordinador de Tlachinollan, hizo un recuento de la lucha de los últimos años de los indígenas mixtecos y tlapanecos en los municipios de Ayutla de los Libres, por los ecologistas de la Sierra de Petatlán, por la Policía Comunitaria en la zona de la Montaña y Costa Chica, o los opositores a la presa La Parota, en Acapulco.

Afirmó que tanto el gobierno estatal como el federal criminalizan el ejercicio de los derechos humanos, pues para ellos son un atentado al estado de derecho, pero lo cierto es que sólo en Guerrero hay cuatro denuncias interpuestas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por abusos cometidos por el Ejército Mexicano, ya sea por violaciones o desapariciones forzadas.

“Sólo en este año en Guerrero a 108 defensores de derechos humanos se les otorgaron medidas cautelares, pero en lo que va del año hubo siete nuevas denuncias por violación de los derechos humanos, a esto hay que sumarle cuatro asesinatos de periodistas, y ejecuciones de políticos, así como la reactivación de decenas de órdenes de arresto contra dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, de líderes de la Normal de Ayotzinapa, o de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, por mencionar algunos casos en los que se demuestra que se criminaliza la lucha social, y a los defensores de los derechos humanos”, concluyó Barrera Hernández.