Reducir el monto de las pensiones de los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una decisión que lesiona gravemente sus condiciones de vida, cuando lo que debería hacer el gobierno es ofrecer beneficios laborales y de seguridad a más gente, incluida aquella que está en el sector informal o no tiene empleo.

Así lo afirmó Celia Pacheco Reyes, académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco (UAM-X), quien avizoró un aumento de la precariedad en la que de por sí sobreviven millones de personas en México.

La iniciativa, tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectará en particular a los trabajadores que tienen empleos formales, con prestaciones y seguridad social, quienes aun así en muchas ocasiones ni siquiera pueden disfrutar de dichos beneficios, a causa del alto índice de renuncias y despidos.

Mientras que en México hay millones de personas que carecen de estas condiciones laborales mínimas, señaló, en países como Venezuela, Argentina e India están comenzando a aplicar esquemas para que los trabajadores en el sector informal, los jubilados y los desempleados tengan acceso a ciertos programas sociales.

En vez de cubrir huecos en el presupuesto con el dinero de los empleados, dijo, sería necesario revisar los fondos de las pensiones para los altos funcionarios, quienes en ocasiones trabajan sólo cinco o seis años y se retiran con bonos altísimos.

Recorte arbitrario

Por su parte, la profesora Gabriela Bensusán, también de la UAM-X, advirtió que la decisión de la SCJN es un recorte arbitrario del límite superior para fijar pensiones –de 25 salarios mínimos a sólo 10–, que en realidad busca resolverle un problema de financiación a la Secretaría de Hacienda, pasando sobre los derechos de la gente.

Al basarse en un artículo de la Ley del Seguro Social derogado en 1997, los ministros están incurriendo en un acto sin fundamentos, y se ponen al servicio de los grandes poderes económicos.

El problema del IMSS tiene que ver con los altos índices de desempleo, el recorte de las cuotas obrero-patronales y la privatización de los recursos de los trabajadores mediante las administradoras de fondos para el retiro (Afore), entre otros elementos, y para resolverlo el actual modelo económico tiene que cambiar, afirmó.