n los 60 y 70 del siglo pasado se ampliaron enormemente las demandas que los agentes sociales hacían al Estado. Éste a su vez expandió su radio de acción. Estas modificaciones inauguraron un modo de gobernar bajo una lógica de la concertación que involucraba a gobiernos, partidos, sindicatos y, en general, organizaciones sociales llevando a delinear una estrategia política basada en reformas pactadas por las representaciones políticas relevantes.

Esta relación unilineal entre participación, representación y toma de decisiones fue impugnada en un texto seminal: La crisis de la democracia elaborado bajo el patrocinio de la Comisión Trilateral (1975). Esta comisión fue fundada en 1973 bajo el impulso de David Rockefeller incluye a representantes de grandes corporaciones, academia y sector público de Estados Unidos, Europa y Japón.

El estudio mencionado elaborado por los profesores Samuel Huntington, Michel Crozier y Joji Watanuki, planteaba que en el curso de los últimos años el funcionamiento de la democracia parece haber provocado una deslegitimación de la autoridad política y una sobrecarga de exigencias a los gobiernos. De igual modo que existen unos límites potencialmente deseables de crecimiento económico, también hay unos límites deseables de extensión democrática......

El teorema de la ingobernabilidad propugnado en esos textos partía de la constatación que: “una neta discrepancia entre reivindicaciones y problemas (la inflación de poder) y las soluciones factibles (gobierno débil) establece una intensa y difusa crisis de racionalidad política definida como ingobernabilidad.”

Como ya lo planteaba en 1988 Fernando Danel (El reclamo democrático, Siglo XXI) aceptar el diagnóstico de la Trilateral y sobre todo la problemática asociada al término de ingobernabilidad no suponía por otra parte asumir las medidas prescriptivas que se orientaban hacia la estrategia deflacionaria del poder y el desmantelamiento del Estado en aras de alcanzar el llamado Estado mínimo. Las prescripciones trilaterales también transportaban otro poderoso por ominoso, mensaje. Había que desinflar las propias demandas que provenían de la sociedad misma generando mecanismos que desarticularan los mecanismos sociales de agregación de las demandas como sindicatos, asociaciones gremiales y en general organizaciones civiles.

En realidad, reconocer la necesidad de modificar el contexto en el cual el poder del Estado se enfrenta a una sobrecarga de demandas para las cuales las capacidades de gobierno están limitadas puede llevar por dos vías distintas. Una la propuesta trilateral que busca resolver el conflicto por la vía de disuadir la participación ciudadana y reducir las intervenciones del Estado (la idea del Estado mínimo) y otra que supondría sobre todo incrementar las capacidades del Estado fortaleciendo a la sociedad.

Este debate crucial en los 70 continúa bajo diversos ropajes alrededor de las tres grandes crisis que aquejan a la sociedad mexicana: la crisis de crecimiento económico, la crisis de seguridad humana y la crisis de representación política.

En un campo la narrativa transcurre a partir de la necesidad de contener el pluralismo a partir de fórmulas que generan mayorías automáticas legislativas en un esquema mono o bi-partidista. En ese marco la crisis de seguridad sería enfrentada como ahora, desde los aparatos de represión como guerra y la crisis económica desde la desinflación de las demandas sociales sobre todo de los grandes grupos de trabajadores y clases medias.

En otro campo se asume el pluralismo como el mayor valor que han producido las transformaciones de los últimos 25 años. En consecuencia se confrontan las tres crisis desde una pregunta central: ¿cómo enfrentar esas crisis gobernando la pluralidad y no buscando suprimirla? A este tema dedicaré mi siguiente colaboración.

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