Bogotá, 23 de julio. Una delegación de Estados Unidos y Europa certificó este viernes en una audiencia pública la existencia de una fosa común con unos 2 mil cadáveres no identificados, durante una reunión con habitantes en la localidad de La Macarena, en el departamento de Meta, en hechos que se atribuyen a paramilitares de derecha y al ejército colombiano.

La delegación internacional estuvo encabezada por seis eurodiputados, quienes deploraron que el ejército asesine a su pueblo. La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos, Ana Gómez, dijo que la fosa es una aberración que no puede entender, cuando las fuerzas armadas están para proteger el pueblo y no para actuar en su contra.

“No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son tomados por miembros de las fuerzas armadas por una recompensa para transformarlos en falsos positivos”, dijo, en alusión a civiles que son ejecutados extrajudicialmente y presentados como guerrilleros muertos en combate.

Los congresistas opositores de Colombia Piedad Córdoba e Iván Cepeda, quienes también estuvieron presentes, exigieron que se investiguen las denuncias de los habitantes de la región respecto de esta fosa, que está ubicada en un cementerio de La Macarena y en torno a la cual el gobierno del presidente Álvaro Uribe sólo acepta la existencia de 450 cuerpos que estaban sin identificar.

Córdoba, del Partido Liberal, dijo que se trata de la fosa más grande de América Latina, y pidió a la comunidad internacional que atienda este caso para que las autoridades de su país investiguen lo ocurrido en esa región.

La senadora añadió que dentro un mes tendrán todo listo para presentar un informe oficial, como resultado de estas audiencias, luego de que los habitantes decidieron romper el silencio.

Por su parte, el representante del Centro de Investigación y Educación Popular y Programa por la Paz de Colombia, Javier Giraldo, señaló que se entregaron 52 declaraciones por parte de familiares de las víctimas.

Habían sido desapariciones forzadas cometidas por paramilitares y otras por el ejército, dijo. Añadió que entre las víctimas también había casos de los llamados falsos positivos.

Existen casos de amenazas de muerte, de torturas y asesinatos. La delegación internacional pudo ver todo el área de las tumbas anónimas identificadas por un número consecutivo por años, destacó el investigador.

Anunció que para septiembre próximo se presentarán otros casos documentados sobre situaciones de desapariciones forzadas y asesinatos en otras regiones del país sudamericano.

A la audiencia pública asistieron unos 800 campesinos de la región y de Caquetá, donde se denunció que helicópteros militares llegaban a la zona y y dejaban los cuerpos sin vida y luego se retiraban, y denunciaron que la crisis humanitaria en los llanos orientales empeoró con el Plan Colombia, promovido por Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En tanto, agentes de la fiscalía colombiana capturaron al ex congresista César Pérez García, acusado de ser coautor de una matanza de 43 campesinos en 1988, ejecutada en el noroccidente del país por grupos paramilitares de extrema derecha.