Expertos de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos tomaron muestras en el sitio donde estalló el auto bomba el pasado jueves en Ciudad Juárez, mientras las corporaciones policiacas de Chihuahua pusieron en marcha otro código de seguridad tras el atentado.

El gobernador José Reyes Baeza Terrazas dijo que las fuerzas participantes en la Operación Coordinada Chihuahua también adoptaron otras medidas de refuerzo contra la delincuencia organizada, y fuentes de seguridad oficiales confirmaron la participación de los agentes estadunidenses como coadyuvantes en la investigación del hecho, así como la intervención de personal mexicano especializado en explosivos.

Todo ello a raíz de que el grupo La Línea, del cártel de Juárez, reivindicó el ataque y, en un mensaje pintado sobre una barda de la avenida Zaragoza, amenazó colocar otros autos bombas para inhibir la acción de la Policía Federal.

Independientemente de los despliegues y operaciones reforzadas de todas las corporaciones de seguridad, este domingo hubo al menos siete ejecuciones en Ciudad Juárez, que se añaden a otras seis también atribuidas al crimen organizado en el resto del país.

En Jalisco, a primera hora de este domingo, murió el comandante Mario Alberto Carrillo Gutiérrez y resultó herido el agente Jorge Arturo Díaz Chávez, ambos de la policía municipal de Tlaquepaque, cuando pretendían revisar a los ocupantes de un Chevy pick up, quienes les dispararon 50 tiros.

Tres policías de Guadalajara y cuatro de Tizapán El Alto también fueron atacados en distintos hechos, pero sólo resultaron heridos.

En San Pedro Garza García, Nuevo León, se reportó la desaparición de tres policías integrantes de la escolta del secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Camilo Cantú.

En el mismo municipio se encontró el cadáver de una mujer baleada en el paso a desnivel que conecta el túnel de Loma Larga con la avenida Lázaro Cárdenas. En Monterrey, militares detuvieron en el estacionamiento del Penal del Topo Chico a varios hombres armados, a quienes se imputa controlar el tráfico de drogas carcelario.

El resto de los asesinatos se cometieron en Jiutepec, Morelos; Mazatlán, Sinaloa; Tijuana, Baja California, y Tuzantla, Michoacán.