Las tarifas de agua que se aplican en la ciudad de México desde diciembre pasado han provocado que diversos grupos empresariales soliciten la protección de la justicia federal, con lo que se han iniciado más de dos centenares de litigios, que pueden terminar resolviéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luego de consultar los listados de acuerdos de los 16 juzgados de distrito en materia administrativa radicados en la capital del país, este diario pudo conocer que hasta el pasado 16 de julio se habían promovido 285 amparos contra el artículo 172 del nuevo Código Fiscal del Distrito Federal, que considera el sistema tarifario para el pago de derechos por consumo de agua.

De ese total de peticiones de amparo, 227 fueron admitidas a trámite. La mayoría de las demandas fueron presentadas por empresas como Condumex, que forma parte de Grupo Carso, y por el Centro Asturiano de México, pero también por personas físicas inconformes con el nuevo sistema de cobro, basado en un criterio socioeconómico.

Otras empresas que se han inconformado con los cobros por el servicio de agua y han recurrido a la justicia federal son Embotelladora Metropolitana, una de las principales empresas de Pepsi, además de Kraft Foods y compañías fabricantes de hielo como Central Hielera y Fábrica de Hielo Iglú.

También se inconformaron múltiples hoteles y moteles, entre ellos los consorcios Camino Real y Posadas de México. Asimismo, interpusieron amparos cadenas comerciales como El Palacio de Hierro, Liverpool y Comercial Mexicana.

El principal concepto de violación de garantías que han hecho valer los abogados de estas compañías en sus demandas de amparo es que la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal no fundaron ni motivaron las razones que los llevaron a determinar las nuevas cuotas por consumo de agua, las cuales, en algunos casos, se incrementaron hasta mil por ciento.

Los consumidores de agua que habitan viviendas de clase baja siguen contando con subsidios que asumen las autoridades capitalinas.

El Código Fiscal del Distrito Federal señala que los grandes usuarios reciben subsidios que van de 2 a 39 por ciento, de acuerdo con el nivel socioeconómico de cada persona.