Decenas de periodistas de Ciudad Juárez y Chihuahua se manifestaron ayer a mediodía frente a la sede del gobierno y la procuraduría estatal para exigir el esclarecimiento de los homicidios de trabajadores de los medios de comunicación, registrados en los pasados seis años.

Reporteros, camarógrafos y fotógrafos de distintos medios de comunicación locales demandaron además a la procuraduría estatal y a la PGR claridad y celeridad en las investigaciones de los crímenes.

Apenas el fin de semana pasado fue acribillado Guillermo Alcaraz, trabajador de los medios de comunicación locales, quien desde hace unos meses se desempeñaba como camarógrafo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la ciudad de Chihuahua.

Los manifestantes, vestidos de negro, levantaron pancartas con leyendas y fotos de los periodistas asesinados presuntamente por el crimen organizado. Ninguno de los casos ha sido esclarecido por las autoridades.

La protesta de los periodistas rebate una reciente declaración del gobernador José Reyes Baeza Terrazas, quien dijo que en Chihuahua no hay riesgo para los trabajadores de los medios de comunicación, no más allá de los riegos que tienen otros profesionistas. Demandaron medidas de seguridad para evitar otras muertes ligadas al desarrollo de su labor informativa.

En Juárez, con leyendas pintadas en cartulinas como impunidad es igual a complicidad de las autoridades, Justicia y respeto, alrededor de 50 comunicadores estuvieron al mediodía durante media hora en una protesta silenciosa frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia estatal.

Entre los homicidios de periodistas pendientes de resolver está el de Armando Rodríguez, conocido como El Choco, quien cubría la fuente policíaca para El Diario de Juárez y que fue acribillado cuando llevaba a su hija a la escuela hace dos años.

Otros casos son los homicidios de Saúl Noé Martínez Ortega, hermano del director de la casa editorial Interdiario de Agua Prieta, Sonora, que fue localizado en Chihuahua el 24 de abril de 2008; el de José Luis Ortega Mata en Casas Grandes, en 2005; Víctor Oropeza y Jessica Lizalde, en Juárez. Todos los casos están impunes ya que no se han enviado los expedientes ante un juez penal.