Phoenix, 15 de julio. La polémica ley antimigrante de Arizona fue evaluada por primera vez el jueves por una juez en Phoenix, que escuchó a detractores y defensores de la normativa que criminaliza a los indocumentados, la cual deberá entrar en vigor el próximo 29 de julio.

Los abogados de ambas partes se encontraron en una corte federal ante la juez Susan Bolton, quien escuchó los primeros argumentos de una de las siete demandas contra la ley migratoria de Arizona, rechazada por policías, activistas de derechos civiles e incluso el gobierno estadunidense de Barack Obama.

La ley SB 1070, proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril tras un voto en el Congreso estatal, declara, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la migración indocumentada como un delito estatal.

La normativa establece que la policía puede confirmar el estatuto de aquellas personas sospechosas de estar en el país sin documentos migratorios y castigar a quienes hayan mantenido contacto laboral con ellos en este estado fronterizo con México.

Los abogados que representan a la gobernadora de Arizona pidieron que se retiren las demandas y defendieron la ley, mientras la juez analizó y escuchó a la defensa del policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, que busca la suspensión de la ley SB 1070.

El abogado de Salgado, Stephen G. Montoya, alegó que los oficiales en Phoenix y otras áreas del estado tendrán dificultades para interpretar la ley, la que además, dijo, otorga a Arizona un poder que es prerrogativa del estado federal, con las leyes de migración ya vigentes en todo el país.

Para Montoya, la ley viola tanto la normativa de migración federal como la Constitución.

Nunca hemos tenido 50 leyes de migración, dijo Montoya, quien pidió a la juez Bolton que prohíba la puesta en vigor de esta legislación en Arizona, donde viven unos 2 millones de hispanos, 33 por ciento de origen extranjero. Unos 460 mil son indocumentados.

No podemos tener cientos de leyes de migrantes. Vamos a tener cientos de leyes a menos que usted lo impida, dijo a la juez el defensor.

Después de la audiencia, John Bouma, el abogado privado contratado por Brewer para esta audiencia, dijo que la aplicación de la ley no dará lugar a acusaciones de discriminación racial por parte de la policía cuando entre en vigor el próximo 29 de julio.

Afuera del Palacio de Justicia Sandra Day O’Connor, en el centro de Phoenix, tanto Bouma como Montoya contestaron algunas preguntas de los medios de comunicación mientras unos cincuenta manifestantes expresaban su oposición a la ley.

Tenemos 15 mil oficiales de policía bien calificados que hacen esto todos los días, dijo Bouma, y aseguró que la ley será importante para el estado.

El policía demandante, Salgado, de origen mexicano-estadunidense, dijo que quería explicar las razones que lo llevaron a presentar la querella conjuntamente con las ciudades de Phoenix, Tucson, Flagstaff, y otros grupos civiles.

No soy político ni activista, pero cuando se aprobó la ley di este paso porque sentí que era mi deber, dijo Salgado a los periodistas.